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Se trata del proyecto de ley que “Modifica el Artículo 172 de la Ley Nº 1337/88 “Código Procesal Civil” que busca reducir el plazo de límite dentro del cual las partes pueden ejercer sus derechos procesales y, una vez transcurrido ese plazo, se extingue la posibilidad de que se continúe el procedimiento en el expediente habilitado.
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El proyecto fue presentado por los diputados cartistas Derlis Rodríguez y Edgar Olmedo fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales; Comisión de Legislación y Codificación; y Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social para su estudio correspondiente.
Los casos que tendrían caducidad en tres meses, de aprobarse el presente proyecto, sería los juicios por lesiones personales, incumplimiento de contrato, difamación o calumnia, disputas de propiedad, disputas laborales, disputas de consumo, divorcio y otros asuntos de familia, litigios comerciales, casos de negligencia médica y casos de demandas colectivas. Es decir, los asuntos relacionados con dinero, propiedad, obligaciones, familia, sucesiones.
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Los proyectistas argumentan que con esta iniciativa buscan la agilización del proceso judicial, certidumbre para las partes en litigio, mayor eficacia en el sistema judicial, reducción de la mora judicial, evitar la dilación del proceso o las chicanas.
La iniciativa podría afectar a los profesionales del derecho principalmente porque los juzgados tardan mucho tiempo para emitir las resoluciones, y eso podría ocasionar que los casos caduquen de manera rápida, se tenga que reiniciar los juicios. Es decir se crearía un caos jurídico.
El diputado Rodríguez presentó un similar proyecto, pero para reducir las penas carcelarias, que tuvo media sanción en la Cámara Baja, pero que fue rechazado por una amplia mayoría en la Cámara de Senadores. Además presentó otro polémico proyecto para la reelección indefinida de los intendentes.
Mafia de los pagarés
Sospechosamente este iniciativa legislativa se presenta en momento en que se descubrió la mafia de los pagarés, que vincula a abogados, jueces, ugier y políticos. Tras la denuncia pública presentada, la fiscalía investigó y logró imputar a 63 personas.