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La comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Mario Varela (ANR, HC) viene realizando una serie de audiencias públicas en algunos puntos del país para debatir sobre el proyecto de ley “De protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos”, que está pendiente de tratamiento en el Senado.
La audiencia pública realizará desde las 9:00, en la Residencia Universitaria del V departamento de Caaguazú, en la ciudad de Coronel Oviedo.
La audiencia pública cuenta con el apoyo del Sindicado de Periodistas del Paraguay (SPP). La misma tiene por objeto colocar en el centro del debate la problemática de la violencia de la que son objeto los periodistas y defensores de derechos humanos y la necesidad urgente de crear mecanismos de protección que garanticen la vida y la integridad así, como, la libertad de expresión y propuestas institucionales, conjuntamente con la sociedad civil con el objetivo de realizar ajustes, incorporaciones o modificaciones que sean pertinentes teniendo en cuenta estos valiosos aportes.
El tratamiento de este proyecto es a instancias de la condena al Estado en el marco del juicio del caso Santiago Lequizamón. Es decir, si no hubiese condena, esta legislación hubiese tardado tiempo en tratarse.
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Recomendaciones al proyecto de ley de protección a periodistas
Este proyecto recoge las recomendaciones de organismos de derechos humanos de carácter nacional e internacional, en especial las recibidas en el examen periódico universal ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la sentencia del caso del periodista Santiago Leguizamón, donde condenan al Estado paraguayo y se exige una legislación de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.
La normativa es analizada en el Congreso luego de más de tres décadas del inicio de la democracia tanto en favor de quienes defienden los derechos humanos y trabajan por el derecho a la información.
La normativa cobra relevancia en momentos en que el Paraguay tiene un creciente problema en materia de seguridad, en lo que respecta al crimen organizado que permea en el sistema de justicia, las instituciones públicas y en el poder político.
