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El proyecto de “protección de datos personales del Paraguay” tuvo media sanción el año pasado en Diputados, pero su estudio en particular se postergó hasta ahora. Fue incluido en el orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara Baja de este martes 1 de abril.
El diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL), que solicitó la inclusión en el orden del día mediante moción de preferencia, dijo que el tratamiento coincide con la divulgación de un presunto “hackeo” o robo masivo de datos personales, lo que ratifica la urgencia de la aprobación de este proyecto.
“Lo que buscamos es ya su aprobación en particular para que pueda pasar al Senado. Ayer (por el martes) tuvimos de vuelta un suceso cibernético que tomó estado público respecto al hackeo masivo de información de 7 millones de paraguayos y eso precisamente se debe a que no hay un marco legal, de acuerdo a cómo se debe manejar esa información”, señaló.
Sostuvo que en el estudio en particular esperan ajustar lo mejor posible la propuesta. Se plantea que el Mitic, cuyo titular es Gustavo Villate, sea el órgano de control, ante lo cual se le recordó que dicha institución precisamente no se destaca por su eficiencia. “Hasta ahora, no ha llenado las expectativas”, reconoció, pero acotó que esperan “que esté a la altura (el) Mitic y que realmente pueda manejar esta situación”.
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Proyecto busca evitar abusos en uso de datos personales
El proyecto plantea cuestiones muy importantes para evitar abusos en el uso de datos personales (incluidos biométricos) y busca impedir la comercialización o utilización ilegal.
Organizaciones civiles trabajaron esta propuesta desde el periodo pasado, sin embargo, de contramano entró la “omnipotente” Comisión de Equidad e Igualdad entre el Hombre y la Mujer, presidida por la líder de bancada del cartismo Rocío Abed, pisoteando otras específicas del área, como Ciencias y Tecnologías, para agregar cuestiones realmente peligrosas.
Lo más riesgoso es el artículo 24, que plantea restricciones a la ley de acceso a información pública, con cuestiones sumamente peligrosas, como denegar datos de funcionarios públicos, si estos alegan que vulnera su intimidad.
