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El ex intendente Gustavo Rodríguez (ANR-HC), junto con otras ocho personas fueron acusadas por la fiscal Elena Fiore Franco por lesión de confianza debido a un supuesto desfalco de G. 2.269 millones de las arcas de la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú entre los años 2022-2023. Mientras, el jefe comunal, por medio de “reposos médicos” logró suspender su audiencia preliminar en dos ocasiones, cuatro de sus ex funcionarios leales sí asistieron a la diligencia judicial el pasado 20 de marzo.
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Quienes sí comparecieron en la audiencia preliminar y su causa se elevó a juicio oral fueron: Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), Fátima María Pereira Ocampo (fiscal de obras) y Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera). Si bien presentaron varios incidentes, el juez Humberto Otazú resolvió no hacer lugar a tres de ellos.
El magistrado si admitió incidente de inclusión probatoria solicitado por la defensa del acusado Sergio Isasi Schweighart con referencia a los puntos de pericia ofrecidos el 18 de marzo del 2025 y designó al perito al Lic. Julio Cesar Bobadilla Estigarribia.
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También el juez Otazú aceptó la acusación formulada por la fiscal Elena Fiore Franco y admitió las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público. Asimismo, impuso medidas cautelares contra estos cuatro acusados, quienes deben fijar domicilio real y, para tal efecto, adjuntar certificado de vida y residencia, proporcionar número telefónico y concurrir a todas las citaciones impuestas en la presente causa.
Chicanea para evitar audiencia
En tanto que, el ex jefe comunal sampedrano ya presentó dos chicanas para evitar su audiencia preliminar y así dilatar su causa. El pasado 20 de marzo envió un reposo médico para eludir su cita con el Juez Humberto Otazú, y el 28 de febrero los abogados Pascual Ocampo Alonso y Nelly Faviola De Jesús Irala Cáceres, que defienden al jefe comunal, presentaron reposo médico y con eso se logró suspender la comparecencia de Gustavo Rodríguez.
También están acusados por lesión de confianza en la misma causa: José Luis Baruja Legal (contador); Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo); Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración) y Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones).
Por otro lado, la fiscal Elena Fiore había solicitado más tiempo para poder investigar y poder presentar acusación contra el constructor Óscar Cañete Delgado, vinculado también en el esquema de corrupción. El Ministerio Público tiene tiempo hasta el próximo 28 de mayo del 2025 para presentar su requerimiento conclusivo.
