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La Contraloría General de la República se ratificó totalmente en las observaciones realizadas a la gestión del intendente de Minga Guazú, Diego Ríos (ANR), que determinó posibles múltiples falencias que pudieron haber generado un millonario daño patrimonial a la arcas municipales.
Según el informe final emitido recientemente, el intendente Diego Ríos no habilitó una cuenta bancaria exclusiva para el ingreso de tributos en concepto de impuestos inmobiliarios por lo cual no se saben donde fueron a parar G. 535.870.598. Además no se tiene documentos respaldatorios en la contratación de personal para el servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones.
Según Contraloría, tampoco hay documentos de orden de compra y nota de pedido en concepto de contratación de personal por G.126.794.570. Además falta documentos por G. 97.890.455 por servicio técnico y profesionales.
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Otra falencia detectada por la Contraloría y que el intendente Ríos no pudo justificar es que la administración municipal no disponía de varios documentos en los legajos del Subgrupo del Gasto “Productos Alimenticios” por G. 212.307.788, por la compra de insumos de oficinas G. 299.332.238 y por bienes de consumo por G.164.874.108.
Asimismo, la Municipalidad de Minga Guazú no exigió la presentación de varios documentos a los beneficiaros de transferencias a entidades sin fines de lucro en el ejercicio fiscal 2023, por G. 753.822.200, tampoco contaba con documentos por G. 493.928.043 sobre transferencias a comisiones vecinales.
La Municipalidad de Minga Guazu tampoco presentó al Ministerio de Hacienda la lista de las Instituciones sin fines de lucro a ser beneficiadas con transferencias en el ejercicio fiscal 2023. Se evidenciaron transferencias por un total de G. 327.307.000 de aportes a instituciones sin fines de lucro.
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En cuanto al suministro del almuerzo escolar durante el 2023, se constató que el intendente Ríos no emitió orden de compra para la provisión de los alimentos. Tampoco realizó el control respectivo a las actas de recepción de almuerzo escolar y no adoptó una Política de Racionalización del Gasto en el ejercicio fiscal 2023.
Cambio de carpa tras denuncia
En noviembre del 2023 un grupo de concejales denunció al jefe comunal cartista por un supuesto daño patrimonial de G. 300 millones en la refacción de una escuela con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide). La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) había abierto una investigación preliminar y detectó una serie de anomalías en la licitación, tras recibir una denuncia anónima y luego remitió los antecedentes a la Contraloría.
Los concejales colorados Blanca Riquelme, Elio Núñez, Juan Barreto y Elizabeth Vargas habían denunciado al intendente Ríos que en ese entonces militaba en Yo Creo, y tras agravarse su situación y cuando la Contraloría comenzó los controles, el jefe comunal cambió de carpa y en abril del 2024 se abrazó con Horacio Cartes, titular del Partido Colorado.
