Para hoy a las 08:00 estaba agendado el inicio del juicio oral y público del intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR-HC) y otros, por el supuesto delito de administración en provecho propio. Sin embargo, el pasado viernes, la nueva fiscal designada a la causa, Teresilde Fernández, quien sería afín al “clan Adorno”, pidió que la diligencia judicial sea reagendada.
Teresilde Fernández argumentó su pedido de prórroga en la necesidad de poder “interiorizarse” de la carpeta investigativa teniendo en cuenta que recién el 28 de febrero pasado fue designada como nueva fiscal, en reemplazo del agente Luis Amado Coronel, quien era fiscal de Puerto Casado y ahora trasladado a Fuerte Olimpo.
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El Tribunal de Sentencia de Delitos Económicos y Corrupción, integrado por los jueces; Adriana Planas, Matías Garcete y Elsa García reagendaron como nueva fecha de juicio el próximo 9 de mayo por nueva reasignación fiscal en la causa sobre lesión de confianza contra el intendente cartista Hilario Adorno.
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La abogada Teresilde Fernández, quien anteriormente se desempeñaba como fiscal en Concepción es la misma que “cajoneo” varias denuncias contra el Clan Adorno, entre ellos el del intendente Hilario Adorno (ANR-HC) y del actual diputado Domingo “Mino” Adorno (ANR-HC), cuando se desempeñaba como gobernador de Alto Paragua. Con su pedido, logró “patear” por dos meses más el juicio contra el intendente casadeño.
La causa
Adorno está acusado por pagar supuestamente G. 50 millones de la primera cuota de su camioneta de uso personal, con dinero de los contribuyentes casadeños. La acusación fiscal, a cargo de ahora ex investigador Luis Amado Coronel, logró sostener que Hilario Adorno pagó la cuota con un cheque de la Municipalidad de Puerto Casado y, recién cuando un grupo de concejales realizó la denuncia, firmó una resolución en donde se “autorizaba” a sí mismo un “adelanto de salario” y con eso intentó justificar la malversación.
Asimismo, afronta el jefe comunal otra denuncia por supuesta lesión de confianza presentada por varios ediles por, aparentemente, dilapidar G. 10.000 millones del dinero público. Esta causa data de octubre pasado y hasta la fecha llamativamente el Ministerio Público aún no designó a un fiscal investigador.