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El Tribunal de Apelaciones en lo Penal especializado en Delitos Económicos confirmó la resolución del juez Rodrigo Estigarribia, que elevó la causa a juicio oral y público de la intendenta de Valenzuela (Cordillera), Mirtha Elizabeth Fernández Yegros (PLRA), acusada por lesión de confianza a juicio. De pasó fijó fecha de la audiencia preliminar para el jueves 6 de marzo próximo.
La defensa de la intendenta Mirtha Fernández había presentado un recurso de apelación contra A.I. N° 227 del 19 de junio de 2024 dictado por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia. Sobre este punto, la decisión del Tribunal de Apelaciones indicó que “la resolución dictada por el juez penal de garantías debe ser confirmada, debido a que se encuentra debidamente fundamentada”.
El tribunal, conformado por Silvana Luraghi, Claudia Criscioni y Gustavo Amarilla, resolvió declarar la admisibilidad del recurso interpuesto por la defensa de Mirtha Fernández e imponer las costas procesales a la parte perdidosa, en virtud a los dispuesto en el Art. 261 del Código Penal.
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Los agentes fiscales Diego Arzamendia y Néstor Coronel formularon acusación contra Mirtha Fernández y otras 11 personas en marzo del 2023 y pidieron que la causa sea elevada a juicio oral y público. Estas personas supuestamente estarían implicadas en una red creada entre empresas constructoras y funcionarios municipales para desfalcar a la comuna de Valenzuela G. 1.199 millones, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y Royalties durante el 2019.
Intendenta obstaculizó inicio de audiencia preliminar, según Tribunal
“Al fundamentar el rechazo del recurso de reposición presentado en contra de las providencias, el magistrado ha referido que el recurso es inadmisible puesto que éste ha sido interpuesto en contra de providencias que afectan a los otros procesados en la presente causa, y en ese sentido la imputada Mirtha Fernández no cuenta con legitimación activa para reclamar derechos en nombre de otras personas, con lo cual se obstaculizó la realización de audiencias preliminares en relación a coimputados y con ello se produjo la paralización y el avance normal del presente proceso penal”, reza parte del documento del Tribunal de Apelaciones.
Se agrega demás que “la mera interposición de un recurso de casación, no interfiere ni hace paralizar el trámite ordinario en esta etapa del proceso penal, más aún cuando no advertimos que se haya dictado alguna medida cautelar sobre ello de parte de la Excelentísima Corte de Justicia”.
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El 18 de febrero pasado, el juez Rodrigo Estigarribia fijó para el 6 y 7 de marzo la audiencia preliminar para la intendenta Mirtha Fernández y los demás acusados. También convocó a audiencia disciplinaria a Verónica Acosta Cantero y su defensa técnica.
La acusación fiscal
Según los antecedentes, Mirtha Fernández y el tesorero municipal Christian Flecha se asociaron con funcionarios de la comuna y constructores para obtener facturas y justificar ante la Contraloría General de la República (CGR) el uso del dinero del Fonacide. De esa forma los documentos se encontraban dentro de las normativas legales para seguir recibiendo trasferencias del Tesoro Nacional en el 2020.
Sin embargo, el descubrimiento de la red se dio cuando los concejales Fabián Flecha, Giraldina Núñez, Néstor Cantero y Mario Ávalos, comenzaron a verificar los documentos publicados por la CGR. Los ediles recorrieron las zonas de las obras y se encontraron con la sorpresa de que no existían, es decir se trataban de “obras fantasmas” que costaron Gs. 1.199 millones.
La supuesta red estaría integrada por la intendenta y el tesorero que firmaba los cheques a nombre de Liz Fleitas (representante legal de MLF Constructora) y Blásido Candia (representante legal de BC Constructora). De acuerdo a los documentos estas serían las empresas ejecutoras de las obras. El encargado de “supervisar” y dar el visto bueno de los trabajos era Elvis Ramón Balbuena, fiscalizador de obras.
También estuvieron involucradas las secretarias municipales: Verónica Acosta y Silvia Espínola, quienes procesaban la documentación, así como Sergio Flecha, funcionario municipal (hermano del tesorero), encargado de recibir el dinero de los cheques a nombre de Carlos Samudio y Aníbal Samudio, miembros de las constructoras.
Asimismo los agentes fiscales detectaron que César Muñoz, de BC Construcciones, endosó cheques al tesorero y además el presidente del Comité Agrícola de Valenzuela, Inocencio López, endosó cheques para BC Constructora.