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Los procesados: Gustavo Adolfo Rodríguez Leguizamón (ex intendente), Vicente Darío Báez Benítez (director de Administración), Sergio Isasi Schweighart (cajero municipal), José Luis Baruja Legal (contador); Rubén Alder Leguizamón (funcionario administrativo); Diego Armando Espínola Olmedo (director de Administración); Pedro Antonio Morel Arévalos (director de la Unidad Operativa de Contrataciones); Gisselle Nohemi Irala Cáceres (tesorera) y Fátima María Pereira Ocampo, (fiscal de obras) debían comparecer en el Juzgado Penal de delitos Económicos del Primer Turno de la Capital a cargo del juez Humberto Otazú para la audiencia de imposición de medidas entre el 26 y 27 de febrero.
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Sin embargo, los dos abogados Pascual Ocampo Alonso y Nelly Faviola De Jesús Irala Cáceres, que defienden al jefe comunal, presentaron reposo médico y con eso se logró suspender la comparecencia del ex intendente de San Pedro Gustavo Rodríguez.
Antecedentes
En octubre del 2024, la fiscal Alma Zayas solicitó a reapertura de la causa contra el ex intendente de San Pedro de Ycuamandyyú y otras ocho personas. Además, presentó acusación por la comisión del hecho punible de lesión de confianza y pidió juicio oral por el presunto daño de G. 2.269 millones cometidos durante la gestión 2021-2022 del cartista.
La causa ahora está a cargo de la fiscal Elena Fiore, quien indicó que la audiencia de imposición de medidas se deberá reagendar para una nueva fecha en marzo.
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Los acusados por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza en carácter de autores son: Rodríguez Leguizamón, Báez Benítez, Leguizamón, Baruja Legal, Isasi Schweighart, Espínola Olmedo. Asimismo Irala Cáceres, Morel Arévalos y Pereira Ocampo. Todos ellos están acusados por lesión de confianza en carácter de cómplices y el último que fue imputado en está causa es el representante de la Constructora RC Oscar Raúl Cañete Delgado por lesión de confianza.
La fiscal Elena Fiore solicitó más tiempo para poder investigar y poder presentar acusación contra el constructor Cañete Delgado. El juez Humberto Otazú otorgó tiempo a la agente del Ministerio Público hasta el próximo 28 de mayo del 2025 para presentar su requerimiento conclusivo.
El intendente cartista sampedrano había renunciado en diciembre del 2022, minutos antes de su inminente destitución por la Cámara de Diputados debido a que en una intervención municipal a su gestión se detectó una malversación de G. 18.500 millones.
A causa de la vergonzosa gestión de Rodríguez el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dejó de transferir dinero a la municipalidad desde el 2021 y, tras la renuncia del cartista, lo reemplazó el concejal Rodrigo Molinas (ANR) mientras se hacían las elecciones complementarias en la ciudad. Ahora, el intendente es Carlos Quiñónez (ANR-HC).
