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El movimiento Honor Colorado, liderado por el “significativamente corrupto” Horacio Cartes, tiene copado tanto el órgano que juzga a jueces y fiscales, el JEM, como el ente que crea las ternas para elegirlos en los cargos, el CM.
Se asegura así una total impunidad imponiendo entre sus miembros a cuestionados parlamentarios, abogados y otros (ver el cuadro).
Numerosos escándalos han demostrado el tráfico de influencias en dichos órganos. Pero, lejos de impulsar una reforma que garantice justicia a los ciudadanos y castigo a los corruptos, el oficialismo solo se limita a convocar cada tanto a una cumbre de poderes y “soltar la mano” a algunos de los que son descubiertos, tal como hizo con el exdiputado Orlando Arévalo.
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El caso más recordado refiere al exsenador Óscar González Daher (ANR, HC), quien siendo titular del JEM encabezaba una mafia de aprietes y blanqueos a jueces y fiscales, se daba impunidad a sí mismo en sus fraudes de usura y a otros.
Si bien fue destituido con la divulgación de audios, el cartismo lo mantuvo en su lista de senadores del siguiente periodo y, pese a que tenía dos condenas, murió en su residencia.
Garrote a denunciantes
Con el exsenador Jorge Oviedo Matto (Unace), otro servil al cartismo dentro del JEM, los elementos difundidos lo mostraban exigiendo imputaciones a manifestantes de la quema del Congreso y dinero a una fiscala. Los tribunales fallaron a su favor, por inacción de la Fiscalía, y el JEM castigó a su denunciante.
Lejos de acabarse esta mafia liderada por González Daher, la misma se mantuvo con nuevos actores protegidos por el cartismo.
El exdiputado hoy senador Hernán Rivas, protegido por Cartes, presenta un dudoso título universitario para ser miembro del JEM y nunca presentó pruebas de haber ido a la universidad. La Fiscalía lo imputó y ahora busca su sobreseimiento.
Jorge Bogarín Alfonso, representante de los abogados ante el JEM y servil al cartismo, al igual que Horacio Cartes fue declarado significativamente corrupto por el Gobierno de Estados Unidos.
En la cumbre de poderes del presidente de la República, Santiago Peña, solo se propuso prohibir a miembros del JEM y el CM hablar con jueces y fiscales.
