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La senadora Esperanza Martínez (FG) manifestó que tanto en el ingreso al Colegio de Policías como a la Sanidad Militar se denuncian supuestas irregularidades en el proceso, y también la discriminación por la cultura machista de estas instituciones, que incumplen la Constitución y las leyes, dejando fuera a mujeres mejor calificadas.
“Acompañamos a las denunciantes en este legítimo reclamo. Ellas continuarán con acciones judiciales, y nosotros exigimos explicaciones e informes a las autoridades. La Defensoría del Pueblo debe cumplir su rol y defender, con eficacia, los derechos de todos los postulantes”, dijo la senadora opositora.
En tanto, el senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que las aspirantes con mayor puntaje quedaron fuera y quienes tuvieron menor puntaje ingresaron. Afirmó que esa situación, además de inconstitucional, conspira a un mejor servicio.
Las aspirantes a Sanidad Militar ayer plantearon serias objeciones a la labor de la Defensoría del Pueblo y anunciaron que seguirán con acciones judiciales, con apoyo de abogadas solidarias. Mientras, las aspirantes a policía solicitaron que, sin perder más tiempo, se realicen acciones administrativas y judiciales para detener el proceso y evitar que avancen con el listado de admitidos. Denunciaron filtración y venta de exámenes, entre otras irregularidades.
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A raíz de las denuncias presentadas por mujeres postulantes al Instituto de Sanidad Militar, sobre irregularidades en el proceso de admisión, la Bancada Democrática opositora de la Cámara de Senadores solicitaron al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Miguel del Puerto (ANR, HC) que convoque a las autoridades militares.
El bloque opositor acompañan esta nueva denuncia por discriminación por parte de instituciones públicas. Piden que la Comisión Permanente invite al General Pedro Gustavo Rodríguez Martínez, Director del Hospital Militar; a la Coronel Venancia Ojeda, Director del Instituto Técnico Superior de la Sanidad Militar, al representante de Justicia Militar con intervención en la denuncia y al defensor del Pueblo, Rafael Ávila.
