Cargando...
Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard (presidente); Jorge Bogarín González (vicepresidente) y César Rossel (miembro) se reunieron con el embajador de la Unión Europea (UE) en Paraguay, Javier García de Viedma y al jefe de la sección política de la Embajada de la UE en Paraguay, Fredrik Sterner para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral de la UE, tras las elecciones nacionales y departamentales de 2023.
Lea más: Las 20 recomendaciones de la Unión Europea para próximas elecciones
Al respecto, el embajador García de Viedma destacó que la delegación europea realiza un monitoreo constante sobre la implementación de las recomendaciones vertidas en el país y anunció que próximamente llegará de una misión de seguimiento a lo largo del año para verificar los avances hacia un proceso electoral más transparente.
“Estas observaciones contribuyen al fortalecimiento del proceso electoral y a su desarrollo transparente”, afirmó el diplomático.
Además, el diplomático resaltó la relación de cooperación con la Justicia Electoral, mencionando que el trabajo conjunto de más de tres años se ha consolidado para fortalecer la democracia.
“Hemos construido una magnífica relación de cooperación, con resultados exitosos y de gran prestigio”, puntualizó el embajador.
Las recomendaciones de la Unión Europea
Las 20 recomendaciones de la Unión Europea están divididas en diez puntos y empiezan con el marco legal sigue con el financiamiento de las campañas, los medios de comunicación y las redes sociales. Además de realizar más capacitación a los votantes, es decir invertir en la cultura electoral y darle más participación a las mujeres y las comunidades indígenas.
Los observadores recomendaron una revisión exhaustiva del marco jurídico electoral para abordar la ambigüedad e incoherencia de algunas disposiciones legales y adaptar la ley al nuevo sistema electoral y al uso de la tecnología electoral.
Además de garantizar que los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de disposiciones legales, como el caso de la publicación de encuestas de opinión y sondeos a pie de urna, sean aplicables a todos los ciudadanos y personas jurídicas (erga omnes) y no sólo a las partes que presentan la demanda (inter partes), garantizando así la igualdad ante la ley.
También considerar el desembolso de un subsidio electoral a los partidos políticos antes de la campaña electoral basado en criterios objetivos y razonables para mejorar la igualdad de condiciones entre los contendientes y reducir las oportunidades de financiamiento procedente de fuentes ilícitas.
Además, se recomendó reforzar los recursos humanos y la formación de la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político para mejorar su capacidad de control de los ingresos y gastos de campaña.
Medios de comunicación y redes sociales
También se busca dar más respaldo a los periodistas y a los medios de comunicación, por lo cual se recomendó despenalizar la difamación en favor de leyes civiles, en línea con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación, también en el contexto electoral.
Establecer el mecanismo institucional independiente previsto en el proyecto de ley de 2023 de protección de periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar la aplicación efectiva de sanciones por agresiones a periodistas y ampliar el marco jurídico aplicable a los medios de comunicación tradicionales en relación con la campaña electoral, para incluir la campaña política en línea.
Lea más: Estos son los cinco partidos políticos que buscan aprobación del TSJE este 2025
Otro de los puntos recomendados es más educación para votantes. Se pide que la Justicia Electoral implemente de una campaña amplia y exhaustiva de educación de votantes, que incluya el papel de la administración electoral, los derechos políticos y la participación de la ciudadanía, además de los procedimientos de votación.
Así también, se aconseja promover la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública y realizar esfuerzos institucionales para alcanzar un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo que garantice la protección de los derechos de las personas indígenas y su participación en la vida pública y en los asuntos políticos de su país.
