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La jueza Mesalina Fernández, presidenta del Tribunal Unipersonal de Sentencia N° 27, comunicó al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC), sobre la causa radicada en su juzgado Caratulada, “Esteban Martín Samaniego - N° 01-01-03-01-2019-433″.
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El diputado Samaniego fue querellado por supuesto hecho de difamación y calumnia por parte de la encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco Sara Prieto, a quien habría agredido en el 2019 durante un partido de fútbol. El juez Rubén Ovelar ya había solicitado el desafuero por esta causa el 8 de octubre del 2019, sin embargo, nunca sus colegas de la Cámara Baja del periodo pasado trataron el pedido.
Además, la magistrada comunicó que, en atención al pedido reiterado de la querellante, Sara Raquel Prieto Ozuna, relacionado con el caso, se remitió una copia íntegra de los autos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 328 del Código Procesal Penal.
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A más de la denuncia de agresión contra la mujer, también el 20 de diciembre del 2023 ingresó el quinto pedido de desafuero solicitado por el juez Humberto Otazú por un supuesto desfalco ocurrido durante su gestión como intendente de Quyquyhó, el cuarto pedido fue remitido en agosto del 2023 por la jueza Mesalina Fernández Franco.
El 22 de agosto de 2022 volvieron a ingresar dos pedidos de desafuero simultáneamente, por agresiones a políticos colorados opositores a su movimiento. Lamentablemente, todas estas solicitudes nunca fueron incluidas en el orden del día para su tratamiento.
Es más, debido al blindaje de sus colegas el diputado cartista Esteban Samaniego sigue zafando del proceso judicial por una supuesta tragada de más de G. 1.108 millones en la Municipalidad de Quyquyhó cuando se desempeñaba como intendente. En esta causa su esposa, Patricia Corvalán, la actual intendenta de Quyquyhó y su madre Blanca Álvarez Vda. de Samaniego ya fueron acusadas por el Ministerio Público, por administración en Provecho Propio, en calidad de cómplice.
