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El primer domingo tras asumir la presidencia de la República, Santiago Peña convocó a su primera “Cumbre de Poderes” (20/08/2023) –casi con los mismos actores convocados para hoy– donde supuestamente delinearon acciones para “combatir la corrupción”, aunque los resultados vistos evidencian todo lo contrario: un fortalecimiento.
Esta vez, la convocatoria es a raíz de la crisis institucional evidenciada mediante la difusión de conversaciones del diputado cartista Lalo Gomes, investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, y en cuyo teléfono (según una pericia judicial) había conversaciones comprometedoras con autoridades de todos los niveles.
Están invitados hoy a la reunión el presidente del Congreso, senador cartista Basilio Núñez; el titular de la Cámara de Diputados, el también cartista Raúl Latorre; el presidente de la Corte Suprema, César Diésel; el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
Contradictoriamente, pese a que Peña convocó a esta Cumbre supuestamente “preocupado y ocupado” ante la gravedad de la crisis, en paralelo minimizó las graves evidencias contra su ministro de Inteligencia, Marco Alcaraz, y la titular de la Secretaría de Prevención de lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz. A ambos los ratificó en sus cargos.
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Tanto Peña, “Bachi” Núñez como Latorre son miembros del Comando de Honor Colorado, órgano de decisión política de este Gobierno, encabezado por el titular de la ANR, Horacio Cartes.
Los presidentes de ambas cámaras no solo no combatieron la corrupción, sino la azuzaron, apañando “nepobabies” y sobre todo bastardearon el JEM, ya que el cartismo designó a dos “averiados” cartistas como representantes de las cámaras: el senador Hernán Rivas y el diputado renunciante Orlando Arévalo.
Por su parte, el presidente de la Corte, César Diesel, también aparece citado en conversaciones con Gomes, pese a que este dijo no recordar los diálogos.
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“Me respondió Diesel. Me dijo que me iba a avisar”, le habría escrito Gomes a la jueza Sadi López, que tras el escándalo presentó renuncia al cargo. Los mensajes entre López y Gomes condicen con el resultado posterior: la confirmación en el cargo de la magistrada.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por su parte ha demostrado posturas que –según varios legisladores– apuntan más contra el mensajero que contra los que aparecen citados.
Inició con el pie izquierdo, al designar para “investigar” a uno de los involucrados (Arévalo) a cuestionados fiscales; tanto que se vio obligado luego a sustituir al más criticado, Néstor Coronel.
Tanto Diesel como Rolón tienen además motivos que los “atan” al Ejecutivo, ya que (gracias a la mayoría cartista en el Consejo de la Magistratura), César Emilio Diesel Marín (hijo del ministro de la Corte) fue designado juez del Tribunal de Cuentas de Capital y Axel Emilio Rolón Ramírez (hijo del FGE) está comisionado en Itaipú.
Finalmente, el contralor Camilo Benítez fue premiado por este Gobierno, permitiéndole que absorba de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
Benítez también fungió casi de “abogado defensor” de Peña cuando se descubrió su nueva mansión en San Bernardino.
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Consecuencias de primera “Cumbre de Poderes”
El 20 de agosto de 2023, el primer domingo luego de asumir el cargo, Santiago Peña convocó a su primera “Cumbre de Poderes” con el fin de supuestamente establecer estrategias de “combate a la corrupción” con las mismas características de la que se realizará hoy: Comportamiento cartista y afines y que trajo consecuencias muy contrarias a las supuestamente fijadas.
- Aniquilaron la Ley contra puertas giratorias: El Congreso, con la connivencia de Contraloría, ganó tiempo en la implementación de la Ley 7089/2023 contra conflictos de intereses en la Función Pública a fin de no aplicarla mientras concretaban su bastardeo. Eliminaron la prohibición a casos de “puertas giratorias” al igual que la obligación de declarar negocios de familiares cercanos y volvieron ridículas las sanciones por la violación de la Ley.
- Nepotismo: Tiempo después estallaron los casos de nepotismo en todos los niveles Legislativo (Diputados y Senadores) y Ejecutivo (Relaciones Exteriores y Binacionales), los cuales fueron apañados y defendidos incluso por el presidente de la República, Santiago Peña. Anularon un intento de reforma sustancial que planteaba la iniciativa “Chau nepotismo”, planteando un placebo.
- Bastardearon el JEM: A sabiendas de las dudas sobre la legalidad de sus títulos universitarios, el cartismo designó no sólo como miembros del JEM, sino como presidentes al senador Hernán Rivas y al diputado (ahora renunciante) Orlando Arévalo. Este último terminó implicado en presunto uso indebido de influencias, según revelaron conversaciones con el difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
- Eliminaron la Senac: En presunta represalia por denunciar en el gobierno anterior el caso “avión iraní”, vinculado a la entonces empresa de Horacio Cartes, Tabacalera del Este S.A., este gobierno eliminó la Secretaría Nacional Anticorrupción y le dio más poder a la Contraloría.
- Senad expulsó a la DEA: El ministro antidrogas, Jalil Rachid, dispuso la eliminación de un acuerdo de cooperación a través de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible (SIU) con la Administración de Control de Drogas (DEA, ambas por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América. El gobierno de Santiago Peña intentó recular; sin embargo, el retiro total sigue en proceso de concretarse el 25 de marzo. Conversaciones de “Lalo” Gomes revelaron que era informado desde dentro de la Senad (entre otras instancias) de operativos en su contra.
- Archivaron ley a favor de más transparencia: Santiago Peña, en connivencia con la mayoría cartista del Senado, anularon la posibilidad de ampliar la Ley de Acceso a Información Pública. Peña vetó parcialmente y la Cámara Alta no promulgó la parte no objetada, eliminando por ejemplo la posibilidad de acceder a datos sobre el billetaje electrónico y el cálculo del salario mínimo.
