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Varios gremios empresariales emitieron comunicados manifestando su preocupación ante la crisis generada por la divulgación de los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gómez. Las revelaciones generaron serias dudas sobre el sistema de justicia en Paraguay y el impacto que esto puede tener en la economía y la confianza empresarial.
Joaquín González, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), y Yan Speranza, miembro del consejo directivo de la organización Dende, coincidieron en que los presuntos hechos de corrupción evidenciados afectan el clima de negocios en el país.
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Inseguridad jurídica y falta de confianza
González señaló que este tipo de situaciones “complican todo tipo de negocio” y terminan afectando directamente la economía de los ciudadanos.
“Si no hay una justicia confiable, no van a venir inversiones”, advirtió. También enfatizó en la necesidad de generar condiciones propicias para atraer inversión y fomentar el crecimiento económico.
“Necesitamos que este país sea serio y que la justicia funcione correctamente. Si las reglas son claras y hacer negocios es fácil, los propios empresarios invertirán más”, afirmó el titular de Capasu.
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Llamado a la reestructuración institucional
Por su parte, Yan Speranza consideró que la crisis también representa una oportunidad para reestructurar las instituciones del país. “Este problema está permeando toda la sociedad, y debemos tomarlo en serio”, sostuvo.
El directivo de Dende advirtió que uno de los aspectos más preocupantes revelados por los chats es la posible infiltración del narcotráfico en diversas instancias del Estado. “No podemos quedarnos solo en comunicados; se requieren acciones concretas”, indicó.
Speranza mencionó que es necesario impulsar cambios legislativos para fortalecer las instituciones y que es probable que en los próximos días surjan propuestas por parte de actores políticos para modificar la normativa vigente.
“Hoy creo que están dadas las condiciones para avanzar rápido”, agregó, señalando que una de las principales reformas debería centrarse en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, uno de los órganos más afectados por las filtraciones.