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La Contraloría General de la República (CGR), cuyo titular es Camilo Benítez, publicó el informe final de la evaluación realizada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde se detectó una baja aplicación de Plan de Mejoramiento Administrativo institucional.
Según el documento, de las 106 observaciones administrativas que la Corte debía mejorar, luego de la auditoría financiera y de cumplimiento realizada, solo ejecutó dos de manera correcta. En el cumplimiento parcial logró nueve ítem. Mientras que ignoró por completo 81 observaciones realizadas por la Contraloría General. La auditoría se ejecutó en el 2018, y la Corte se comprometió en mejorar su gestión desde entonces, sin embargo en la evaluación realizada en diciembre del 2024 quedó demostrado que las mejoras fueron casi nulas.
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“Culminada la evaluación del Plan de Manejo Administrativo, en base a las acciones propuestas por la institución, esta arroja un promedio de 0,30 que equivale a un No Cumplido, con apenas 15 % del requerimiento exigido”, reza parte del informe de la CGR.
Esta evaluación fue sobre la gestión administrativa contable y evidenció que las desprolijidades siguen, como por ejemplo, que no se regularizaron el saldo contable en el balance general por unos G. 3.364 millones, existieron montos en la conciliación bancaria cuyas operaciones no fueron contabilizadas en los registros contables.
Además, la existencia de bienes de uso por G. 16.256 millones que no fueron correctamente detallados en el balance general, asimismo la Corte Suprema ha percibido ingresos que no se encontraban presupuestados en el Presupuesto Institucional por G. 7.273 millones, y que rodados que estaban en pésimas condiciones no fueron dados de baja.
En tanto que, otros móviles no contaban con la identificación adecuada como vehículo del Estado, por lo cual, podrían ser utilizados de manera particular por los funcionarios y además se detectó la incorrecta disposición de bienes de consumo. Es decir, se encontraron tintas para impresora vencida, máquinas varias de oficina en pésimas condiciones.
Otro ítem que cuestionó la Contraloría es que las Circunscripciones Judiciales de Guairá, Concepción, San Pedro, Cordillera, Alto Paraná y Canindeyú no informaron la totalidad de los montos percibidos en conceptos de coberturas de gastos y otros servicios.
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Asimismo, se detectó una total falta de control interno de los informes administrativos y también la falta de cumplimiento a la ley de Libre Acceso a la Información y Transparencia institucional, así como la falta de inventarios, tampoco se tiene una depuración correcta de los bienes obsoletos.
También se tuvo varias observaciones a las licitaciones realizadas por la Corte con respecto construcciones y reparaciones edilicias y en las licitaciones de compra de vehículos, donde no se pudieron corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Finalmente, la CGR instó a las autoridades de la Corte Suprema a subsanar la totalidad de las falencias.
