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La intendenta Patricia Corvalán estuvo de vacaciones por Brasil desde el 1 al 10 de febrero, y a su vuelta debía concurrir al despacho del juez Humberto Otazú para su audiencia preliminar. Si bien estuvo por los pasillos del Poder Judicial de Asunción, presentó otra chicana para evitar la diligencia.
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La diligencia debía realizarse esta mañana a las 07:00 ante el juez Humberto Otazú, sin embargo, los pedidos de suspensión y dos recursos pendientes frustraron su desarrollo de la audiencia y, de esta manera la cartista, volvió a zafar.
La jefa comunal cartista está procesada por administración en provecho propio por una supuesta tragada de G. 1.100 millones que, según el Ministerio Público, fueron utilizados para la modernización de una vivienda suya en Asunción. Por esta causa también está investigado su esposo, el diputado Esteban Samaniego, quien sigue evitando el proceso judicial porque sus colegas en la Cámara de Baja “cajonean” los cinco pedidos de desafuero y, de esa manera, le otorgan impunidad al parlamentario cartista.
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Patricia Corvalán y otras 13 personas ya fueron acusadas por el Ministerio Público y están a la espera del inicio del juicio oral. El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, está a cargo de la causa por administración en provecho propio y asociación criminal.
Se presume que entre 2011 y 2017, una red de corrupción se montó para emitir cheques con fondos de la Municipalidad de Quyquyhó que fueron cobrados por la familia de la pareja de políticos cartistas y representantes de empresas, contratadas para servicios a la comuna.
