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Por ajustado margen, ya que hubo empate (8 votos a favor e igual número por el rechazo) y con el voto definitorio del presidente de la Comisión Permanente, el cartista Miguel Del Puerto se rechazó esta mañana el proyecto de declaración que instaba al Ejecutivo a destituir a los ministros de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid; de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), Marco Alcaraz y de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, complicados por conversaciones del difunto diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
El proyectista, Raúl Benítez (Independiente) reprochó la complicidad de sus colegas, pero sobre todo el “guiño al crimen organizado” del presidente Santiago Peña, que no solo ignora el tema, sino que atornilla a sus ministros pese a las graves evidencias en su contra.
“La bancada cartista y también el Poder Ejecutivo con esto lo que hacen es darle un guiño otra vez al crimen organizado. Sencillamente, eso: esto es un guiño al crimen organizado”, acusó Benítez tras darse el rechazo al pedido de resolución, que ni siquiera era vinculante, sino simplemente un gesto político para que el presidente Peña, que hasta ahora está en silencio, preste atención al tema grave que ya afecta a su gabinete.
Acotó que esto ya evidencia un presunto patrón para asegurarse “impunidad” ante un aparente temor de que todos terminen implicados. “Están actuando de forma corporativa para proteger a los suyos, y se da tanto desde la Presidencia de la República, así como desde el Congreso Nacional. Ellos hoy están cerrando filas porque toca allá proteger a los suyos”, dijo.
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Sostuvo que la renuncia forzada del diputado cartista y exmiembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Orlando Arévalo fue apenas una “migaja” para decir que algo están haciendo. También dijo sospechar que la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón podría sumarse a este “silencio cómplice” e intento burdo de calcar las aguas para que de fondo nada cambie.
El mensaje del cartismo con el silencio de Peña “es decirle que ellos (criminales organizados) pueden hacer lo que quieren y que tienen terreno liberado en nuestro país para operar abiertamente con el Estado paraguayo y para operar con la Justicia y la Fiscalía”, acusó.
Alegan “falta de respeto” al Ejecutivo
Durante el debate, el diputado colorado aliado cartista Santiago Benítez fue el primero en atacar la iniciativa, alegando que supuestamente el Congreso no tenía “potestad” de inmiscuirse en otro poder del Estado. Argumentó que sus colegas opositores se encargaron de destacar como ridículo, ya que lo discutido era una mera declaración política, sin valor vinculante para obligar al Ejecutivo.
“Yo invito a los colegas a que tengamos que atender bien a nuestra función. Cuál es nuestra función, de los contrario estamos ante una situación en la que le estamos faltando el respeto al Ejecutivo. Estamos extralimitándonos en nuestras funciones”, señaló en parte de su intento de argumentación en contra del proyecto de declaración.
En otra parte, se contradijo a si mismo, ya que, por una parte, personalmente dijo acompañar el pedido de destitución de estos ministros, pero por otra, intentó desacreditar la pruebas alegando que no tenían validez jurídica, pese a que fueron obtenidas mediante una pericia ordenada por el Poder Judicial.
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“Le corresponde al presidente de la República analizar un pedido así, y seguramente es un pedido de todos los paraguayos, que tome ya medidas urgentes con relación a estas personas salpicadas”., pese a que “las pruebas no valen, no tiene fuerza legal ni jurídica pero sí deja por el suelo la confianza”, señaló.
