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La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) es otro de los gremios que se posicionaron ante el escándalo de los chats filtrados del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. A través de un comunicado, exigió a las autoridades de los tres poderes del Estado el “compromiso de luchar con determinación contra la corrupción y la impunidad que”.
Capasu señaló que situaciones como esta “destruyen las instituciones de la República, debilitan la democracia y frenan cualquier esfuerzo por construir un Paraguay más justo y próspero”.
Los supermercadistas señalaron que la evidencia de las “gruesas irregularidades y delitos” que salpican al sistema judicial requieren de una profunda investigación para delimitar responsabilidades.
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“Y sancionar a quienes han prostituido el poder de la República que tiene la misión de velar por una justicia que dé a cada uno lo suyo. Es inadmisible que quienes deben ser servidores públicos actúen como si fueran los dueños del país, instaurando con su proceder un sistema donde impera la ley del más fuerte o del más amigo”, enfatizaron.
También consideraron que esta situación desvirtúa los principios democráticos. “Es insuficiente promocionar en el exterior la estabilidad macroeconómica si no fortalecemos las bases institucionales y garantizamos un Estado de Derecho sólido y confiable”, subrayaron.
Finalizaron que se necesita un compromiso genuino, acompañado de acciones concretas y decididas. “Es momento de que las instituciones del Estado, junto con la clase política, estén a la altura del cargo y la responsabilidad que les fueron confiados. El país necesita liderazgo íntegro, visión y acciones que coloquen el interés nacional por encima de cualquier otro”, finaliza el comunicado.
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La democracia está “estancada”
El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) emitió también un duro comunicado titulado “Democracia estancada”. La Comisión Directiva recordó que a solo unos días de cumplir 36 años de democracia, casi los mismos años que duró la dictadura, el país enfrenta nuevamente hechos de injerencia política en poderes del Estado.
Afirmaron que estas situaciones demuestran de qué manera la República se encuentra “estancada en un régimen desdibujado y desinstitucionalizado y sometido a poderes fácticos”. Recordaron que hace un año se registró la “arbitraria destitución de una senadora legítimamente electa por el pueblo”.
Expresaron su preocupación por el acelerado proceso de degradación institucional que “pone a la democracia paraguaya en una situación de estancamiento peligroso, e incluso, de retroceso hacia categorías no democráticas”.
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Consideraron de carácter urgente que el país avance hacia un proceso sostenido de fortalecimiento institucional, que incluya una reforma y modernización del Estado, para garantizar la independencia y autonomía judicial de poderes fácticos. Además, destacaron la necesidad de la “desaparición drástica de los actuales niveles de impunidad y corrupción”.
Desde Codeasu instaron además a las organizaciones de la Sociedad Civil a mantenerse unida, expectante y crítica ante los procesos de investigación y condena que deban ser iniciados desde las instituciones pertinentes. “Exijamos además de una rápida respuesta a los últimos acontecimientos vividos, así como el cese definitivo de la injerencia política y de poderes fácticos en las instituciones del Estado”, sentenciaron.
Se necesitan reglas claras
Desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP) también se pronunciaron al respecto y expresaron que el país necesita reglas claras, seguridad jurídica y un compromiso inquebrantable con la ética pública para seguir creciendo. “No podemos permitir que la impunidad y el abuso de poder sean los frenos de nuestra competitividad y nuestro desarrollo”, expresaron.
Añadieron también que este momento debe marcar un antes y un después. “No basta con indignarse; es imprescindible que la sociedad en su conjunto condene estas prácticas y exija instituciones transparentes, íntegras y comprometidas con el bienestar ciudadano. La justicia no puede ser moneda de cambio ni estar sujeta a presiones políticas”, señalaron desde el gremio industrial.
La Cámara de Comercio Paraguay - Brasil, la Cámara de Comerciantes Mayoristas y Minoristas del Paraguay (Comampar), entre otros tantos gremios y organizaciones también se sumaron al pedido de investigación y castigo a responsables en este y otros casos de corrupción.
