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En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el diputado Pedro Gómez (PLRA) comentó sobre la convocatoria hecha por la Comisión Permanente del Congreso a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para tratar una propuesta de derogación de la Ley 7.447/25, que unifica los costos de las habilitaciones vehiculares en los municipios y que fue promulgada a pesar del rechazo de numerosas municipalidades, transportistas y gran parte de la ciudadanía en general.
La sesión extraordinaria tendrá lugar el próximo miércoles y el diputado Gómez dijo creer que existe consenso, al menos dentro de la oposición, para impulsar la derogación de la cuestionada ley.
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La unificación de los precios de las habilitaciones tuvo como consecuencia que el pago por la habilitación vehicular sea desproporcionadamente alto para los propietarios de vehículos de bajo costo, que al unificarse los costos por año de fabricación ahora deben pagar lo mismo que un vehículo de alta gama.
Además de ese problema de desigualdad, varias municipalidades presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley al considerar que viola la autonomía administrativa que la Carta Magna otorga a las comunas.
“Desigualdad para la gente trabajadora”
“Esto se volvió muy controversial sobre todo por la desigualdad para la gente trabajadora”, señaló el diputado liberal, quien dijo que hay que “tratar de darle celeridad” al tratamiento de la derogación y “si se vuelve a plantear (una ley similar) trabajar con todos los actores, intendentes, sociedad civil”.
El diputado Gómez admitió también que debe revisarse si la habilitación vehicular debe considerarse un impuesto o una tasa municipal, ya que “si no es un impuesto el Congreso no tiene por qué estar haciendo leyes para establecer condiciones”.
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Voces del oficialismo cartista como el diputado Alejandro Aguilera, también miembro de la Comisión Permanente, igualmente se manifestaron a favor de derogar la ley.
Mientras tanto, la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) anunció esta semana que solicitó al Congreso suspender la aplicación de la ley por un periodo de 60 días y que la próxima semana se presentará, en conjunto con intendentes, una propuesta para modificar la ley y corregir las inequidades.