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“No estoy obligado”, respondió el viernes último a través de ABC Cardinal el exconcejal colorado cartista y actual director general ejecutivo de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), Nelson Peralta. Fue ante la consulta sobre la rendición de cuentas de la ONG con relación a los compulsivos cobros de G. 10.000 por cada licencia de conducir expedida por las municipalidades del país.
El político ensayó un libreto con respecto a las tareas de la organización sin fines de lucro y que no está dentro del organigrama del Estado, pero recauda millones y se mantiene con fondos recibidos de los contribuyentes.
Peralta declaró que la Opaci tiene muchos servicios en favor de las municipalidades. Sin embargo, se sinceró con relación a su asociación coercitiva para las comunas.
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“No pueden expedir registros sin pasar por la Opaci”, contestó al consultársele sobre la libertad de una institución municipal en caso de no querer ser más parte de la ONG.
80% para la Opaci
El director general ejecutivo de Opaci igualmente buscó reducir la responsabilidad de la recaudación de la ONG, vía comunas, sobre los G. 10.000 cobrados por cada registro de conducir.
Afirmó que de ese monto se transfieren G. 2.000 de cada registro a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV). Es decir, el 20% es para una entidad pública que está dentro del organigrama del Estado, mientras que el 80% queda en manos de la ONG Opaci.
Peralta afirmó que a nivel país existen dos millones de licencias de conducir.
Alevosos cambios en la ley
El político asimismo se refirió sobre la función de la Opaci, según la Ley 5016/2014 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”. No obstante, Peralta “olvidó” contar que esta normativa no preveía a la ONG sino que había sido modificada en forma alevosa durante su estudio para introducir a una entidad no gubernamental.
El proyecto de Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial había sido remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional en noviembre del 2011. La propuesta había sido elaborada por el consultor internacional argentino Martín Pirotta.
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En la propuesta inicial se ponía énfasis en la creación de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, organismo que en adelante se encargaría de administrar el Registro Nacional de Licencias de Conducir y el de Antecedentes de Tránsito.
Entre las nuevas disposiciones figuraban como requisitos para acceder a una licencia de conducir la realización del test psicofísico y la certificación de no tener pendiente el pago de faltas de tránsito en ningún distrito del país.
Lo cierto es que el proyecto inicial fue modificado alevosamente en la Cámara de Diputados y se estableció que la Opaci sea el organismo que administre tanto el Registro Nacional de Licencias de Conducir como el de Antecedentes de Tránsito.
Así la Opaci no solo logró “blanquear” su situación para seguir lucrando a través de las municipalidades con las licencias de conducir, sino también obtuvo beneficios de las nuevas exigencias, como la realización del test psicofísico o la expedición de certificado de no tener antecedentes en el tránsito.
Con las modificaciones hechas, los legisladores convirtieron a la Opaci en un ente con superpoderes, y la Agencia Nacional quedó como furgón de cola de la misma, sin mayores prerrogativas.
Tanto que la Opaci se encarga actualmente de realizar controles en las comunas sobre el manejo de las licencias de conducir.
Millones usados sin control
Desde pagos a miembros de la Junta Directiva, pasajes y viáticos hasta carga de saldos a celulares sin documentación respaldatoria encontró la Contraloría General de la República (CGR) en la ÚNICA vez que pudo realizar una auditoría a la Opaci. Era con respecto al ejercicio fiscal 2015, correspondiente a la presidencia de Ricardo Núñez, exintendente de Villa Hayes y hermano del presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez.
Se creó como una oficina parte del Poder Ejecutivo
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) fue creada en 1964 como una oficina estatal, dependiente del Poder Ejecutivo, para aglutinar a todas las municipalidades, con el objetivo de crear nuevas leyes en favor de las comunas. Esta dependencia pública comenzó a funcionar luego de 10 años de la promulgación de la ley Nº 222 “Orgánica Municipal”, que en su artículo 221º mencionaba por primera vez a la Opaci.
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Dicho articulado decía: “La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) es el organismo oficial de los municipios paraguayos. El Poder Ejecutivo someterá a su informe y juicio todos los asuntos, leyes o medidas por adoptarse que afecten a los municipios”.
En 1987 se sanciona la ley Nº 1294/87 “Orgánica Municipal”, que deroga la ley Nº 222.
Esta normativa, en su Título Octavo, de la cooperación municipal e interinstitucional, Capítulo I, menciona nuevamente a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci).
Textualmente el art. 221 decía: “La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) es el organismo oficial integrado por todas las municipalidades del país...”,
Entre 1996 y 1997, la Opaci pasó de ser una oficina pública a una organización no gubernamental (ONG), quedando fuera de cualquier ente de fiscalización pública, como la Contraloría General de la República (CGR). Entre los que maquinaron la transformación en una asociación “sin fines de lucro” fueron el entonces intendente de San Ignacio, Egidio Ruiz Pérez; el director ejecutivo Reinerio Cáceres y el asesor Rubén Báez. Sin embargo, el Estatuto social fue modificado sin control y a medida de las autoridades de turno en los últimos años.
Más de G. 35.400 millones recaudados solo por registros
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) recaudó entre agosto de 2020 y agosto del año pasado más de G. 35.400 millones, alrededor de US$ 4,6 millones, SOLO por la emisión y revalidación de licencias de conducir. Esto, según revelan las transferencias del 20% recibidas por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV).
La Opaci, siendo una ONG con atribuciones públicas, mantiene un sofisticado sistema de recaudación a través de las municipalidades. Los documentos de la Dirección General de Administración y Finanzas de la ANTSV detallan que la Opaci le transfirió a esa institución pública G. 7.083 millones en concepto del 20% por cada certificado de licencias de conducir solicitado entre 2020 y 2024 para la emisión y renovación de las licencias de conducir.
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Este arancel se había establecido en el marco de un convenio de delegación de funciones, firmado entre la ONG y la oficina estatal a mediados de 2015.
La Opaci cobra G. 10.000 a cada contribuyente por la expedición o revalidación de registros, de los cuales el 20%, es decir, G. 2.000 debe transferirse a la ANTSV.
Otras recaudaciones
La Opaci, además de los registros, tiene otras fuentes de recaudación en las cuales aparecen nuevamente las municipalidades. Dos de ellas son por las transferencias de inmuebles e hipotecas, que por cada servicio la ONG cobra una tasa porcentual de acuerdo a los montos finales de las transacciones.
Al respecto es también conocido y documentó en su momento la CGR que la ONG usaba recursos de las comunas y no las transfería en tiempo y forma, tal como establecen las leyes.