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“A mí me sorprende cómo fácilmente la gente acusa y miente”, se atrevió a declarar el 15 de diciembre de 2021 el exdiputado colorado abdista Ángel Paniagua. Fue cuando se trató la intervención de la Gobernación de Central, entonces administrada por el ahora condenado Hugo Javier González (ANR, cartista).
Junto a Paniagua aparecieron como defensores del exlocutor N° 2 el actual presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, y el ahora senador cartista Derlis Maidana. Este último, incluso, calificó como simples “desprolijidades administrativas” los contundentes hallazgos del festín con los fondos entregados a las 17 gobernaciones durante la pandemia del covid-19.
Lo cierto es que ese día quedó como el más nefasto, porque en corporación 42 diputados colorados, tanto abdistas como cartistas, votaron por salvar a Hugo Javier González. Esto a pesar de los lapidarios informes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, ahora Dirección Nacional de Ingresos Tributarios), Contraloría General de la República (CGR), Auditoría General del Poder Ejecutivo y la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), desmantelada por Santiago Peña apenas asumió la Presidencia de la República.
A esto se sumaba la imputación del Ministerio Público ya existente contra González Alegre y otros 14 funcionarios de la institución departamental.
“Persecución política”
Una expresión que no faltó en la vergonzosa defensa al exgobernador de Central fue el de la “persecución política”. El exdiputado cartista y ahora presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, era uno de los que más repetía esas palabras.
Sin embargo, nunca pudo desvirtuar ninguna de las graves denuncias que derivaron en la última condena a González, tras comprobarse por la Justicia los hechos punibles de lesión de confianza grave y uso de facturas falsas y clonadas.
La vieja confiable
Otro que ejerció una férrea defensa a Hugo Javier González es el actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana. Este último, siendo diputado, presidente de la Cámara Baja y titular de la Junta de Gobierno, recurría al discurso de la supuesta “selectividad” haciendo referencia a que denuncias contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Mov. Conciencia Democrática), y el jefe comunal de Encarnación, Luis Yd (Alianza), también debían ser indagadas.
La Justicia concluyó que Hugo Javier González causó un perjuicio de G. 5.105 millones en plena pandemia del covid-19 mediante un esquema de corrupción.
Una comisión para hacer un show
Una vez ingresado el pedido de intervención de la Gobernación de Central a la Cámara de Diputados se puso en marca el operativo de salvataje por la bancada cartista. No obstante, para no ser tan evidentes, acompañaron la creación el 24 de noviembre de 2021 de una comisión especial, que iba a ser la encargada de verificar las denuncias contra Hugo Javier González. Esta comisión estuvo conformada por 13 diputados, de los cuales 7 eran colorados, 4 liberales y 2 del tercer espacio. La mayoría colorada, para concretar el blanqueo, orquestó un “tour” por las obras cuestionadas, pero todo resultó un fracaso y quedaron más expuestos respecto a sus verdaderas intenciones.
Orué fue amenazado y Senac liquidada
En julio de 2021 los entonces titulares de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, y el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, presentaron denuncia formal contra el entonces Gobernador de Central (ahora condenado), el cartista Hugo Javier González. Tras esto, Orué fue amenazado y la Senac fue desmantelada por el actual presidente Santiago Peña.
En la denuncia, la SET, actualmente Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) –aún a cargo de Orué–, y la Senac detallaron el esquema de uso de facturas falsas, hecho que fue totalmente probado en juicio y que le valió la condena de 10 años de prisión al Nº 2 y sus cómplices.
Sin embargo, dicha denuncia le valió amenazas al encargado de Tributación, a quien políticos y legisladores colorados le “sugirieron” desistir de la denuncia y que “no se preste a una persecución política”.
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Pese a la amenaza, Orué se había plantado y respondido: “Si me toca irme, lo haré con la frente en alto”.
Otro apoyo fundamental a la denuncia, que finalmente respaldó la labor de la Fiscalía para lograr la condena fue la ahora extinta Senac, entonces a cargo de el exfiscal René Fernández.
Esta condena echa por tierra el discurso del presidente Santiago Peña, que había alegado como motivo para cerrar la Senac la supuesta “falta de resultados” y por ello promulgó la “Ley de Transparencia y Anticorrupción”, por la cual la Contraloría absorbió a la Senac.
Si bien el hecho que posiblemente sentenció a muerte a la Senac fue el del “avión venezolano-iraní”, cuya tripulación estaba vinculado a grupos terroristas, que salió del país con un cargamento de cigarrillos de Tabacalera del Este (Tabesa), en el caso de Hugo Javier habría colaborado para darle el “tiro de gracia”.