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La Cámara de Diputados aprobó de manera acelerada y sin tener en cuenta las serias críticas de opositores, el proyecto de creación del RUN, donde algunos liberales se quedaron a dar quórum, con la excusa de modificar solo uno de los artículos más cuestionados, que es la posibilidad de inscribir títulos sin certificado de dominio.
Se aprobaron numerosas modificaciones, la mayoría de forma, así como algunas objeciones de escribanos y geógrafos, por lo cual el proyecto volverá al Senado para su consideración.
De vuelta, recién una hora antes del tratamiento, se puso a disposición de los legisladores el dictamen con modificaciones de la Comisión de Presupuesto. El proyecto de 217 artículos fue tratado en capítulos, y solo se tuvo en cuenta una de las sugerencias de reformas de los opositores.
El diputado Rodrigo Blanco (PLRA, PL) pidió modificar el artículo 126 que planteaba la inscripción de títulos sin certificado de condiciones de dominio, lo cual, de prosperar, dijo que “es gravísimo en un país que históricamente, desde la guerra de la Triple Alianza, arrastra enormes problemas con los títulos y con los titulares de dominio por el uso y abuso de las tierras públicas”.
El mismo acotó que “si se permite la inscripción de títulos sin certificado de condición de dominio eso puede ser el carnaval” y para solucionar el aluvión de problemas que generaría sobre la titularidad de tierras, obligaría al ciudadano a tener que pelear el caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Durante el estudio en particular, la diputada cartista Jazmín Narváez pidió a sus correligionarios acompañar y fue la única moción de opositores que se aceptó al proyecto modificado mayormente en la Comisión de Presupuesto. Esto fue apenas un “caramelito” de los cartista para liberales a los que necesitaban para dar quorum.
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Oposición intentó dejar sin quorum para no ser “cómplices”
A fin de evidenciar la postura contradictoria de diputados que cuestionaron el proyecto, pero finalmente dieron quorum para su sanción, la diputada Johanna Ortega (Partido País Solidario) y otros opositores como Raúl Benítez (Independiente) se retiraron buscando no dar quorum, ya que ni siquiera los cartistas, que en los números tienen mayoría propia, estaban completos para atropellar con un proyecto que era pedido del mismo presidente Santiago Peña.
“No están (los cartistas), no les interesa y, si a ustedes (oficialistas) no les interesa, por qué tendría que preocuparme un proyecto del presidente que me parece nefasto” , ya que “va a tener un sobrecosto importante en todos sus trámites que se van a burocratizar un poco más en vez de simplificarse”, dijo Ortega invitando a los opositores a dejar sin quorum.
La misma también repudió que -de vuelta- hasta una hora antes del estudio del proyecto, no tenían las modificaciones a ser estudiadas. “¿Cómo es posible que una ley que es técnicamente tan importante para la bancada oficialista?, porque su presidente de la República, en su informe frente al Congreso habló de esto como un proyecto supermega prioritario, y hasta ahora no tengo claridad de qué dictamen vamos a estudiar, porque llegaron hace una hora (pasado el mediodía y en plena sesión)”, reclamó Ortega.
Pese al poco tiempo que le dieron para analizar los cambios, destacó que sí hizo el trabajo previo de analizar los puntos centrales que habrían que reformase, y solo uno de ellos se tocó.
“Tengo acá las modificaciones y no sé qué modificaciones de los escribanos ustedes dicen que incluyeron. El art. 178 que era el menos grave ceder. Después tengo modificaciones propuestas por los escribanos: Artículo 1. 5, 8, 9, 10, 12, 27, 29, 36, 41, 43, 48, 51, 62, 65, 77, 112, 113, 116, 117, 122, 126, 133, 142, 186, 197 y 200 y solo modificaron el 178″, dijo Ortega, alegando que es una falacia que tomaron en cuenta los reclamos de los afectados.
Afectará al bolsillo, advierte
“Esto va totalmente en contra de la promesa del presidente de la República (Santiago Peña), que dijo que no iba a aumentar los impuestos. Por esto, muchos escribanos catalogan este proyecto de ley como tramposo y sobre todo un proyecto de ley de carácter recaudatorio. El RUN no es una solución al problema de la tierra”, afirmó el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana), uno de los principales críticos a esta iniciativa, quien planteó modificaciones para evitar estos aumentos, pero perdió.
Entre otras cuestiones que atacó Espínola y calificó de falacia es que con esta ley se va a aumentar la celeridad de los trámites, ya que al contrario, aumenta incluso los plazos.
Respecto a los aumentos de costos de tasas, además de los establecidos en la ley, sostuvo que “se establecen sanciones para quienes se exceden en los plazos y se les impone a esto ‘observaciones negativas’ que va a representar la muerte de los trámites realizados por los escribanos y esto de ninguna manera va a representar un ahorro para el ciudadano común”.
También advirtió que en ciertos trámites, “va a existir una doble tributación” con respecto a los plazos que presentan una excesiva burocracia, lo que abre la puerta a eventuales inconstitucionalidades de esta futura ley.
El diputado Enrique Antonio Buzarquis (PLRA, C) por su parte, más que criticar la ley en si, puso en duda la disponibilidad presupuestaria para mejoras del sistema, ya que ahora todo pasa a cargo del Poder Judicial, incluidas algunas instituciones anteriormente a cargo del Ejecutivo.
“Ninguna ley será provechosa para la nación si no cuenta con el presupuesto adecuado”, sostuvo, a la par de cuestionar: ¿Será que la Corte Suprema va a contar con los recursos para llevar adelante el RUN?.
Modificaciones introducidas
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, la cartista Cristina Villalba comentó que puntualmente modificaron los artículos 4, 9, 53, 62, 64, 80, 112, 113,122, 127, 129, 144, 186 y 190 y que “la mayoría de modificaciones de forma a los efectos de realizar precisiones terminológicas apropiadas para facilitar la labor interpretativa de la ley a favor de los paradores y destinatarios”, aunque también otras “precisiones terminológicas apropiadas para facilitar la labor interpretativa de la ley a favor de los paradores y destinatarios”.
“Además, se modifica el artículo 112, inciso D, para ajustarlo a la práctica registral actual, dejando claramente establecido que el registro debe controlar que los certificados exigidos previo al otorgamiento de la escritura pública sean mencionadas en la misma, sin que se le exija al al profesional notarial ni al ciudadano volver a presentar ante el registro”, mencionó respecto a uno de los puntos destacados.
También sostuvo que ampliaron a 35 días hábiles el plazo que los requieren de trámites puedan subsanar observaciones realizadas por el registro, plazo que es relevante, ya que durante ese periodo, “se exonera expresamente del pago de tasas a las escrituras complementarias que reingresen en dicho plazo”.