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Durante el debate, los opositores acusaron a Leite de impulsar un “mamotreto” inconstitucional, en un claro conflicto de intereses y tráfico de influencia, para imponer condiciones al mercado, obligar a la ciudadanía y al Estado a consumir un producto y cambiar el parque automotor mediante sanciones a los emblemas.
Leite intentó defenderse asegurando que su amigo “solo tiene” el 20% del negocio alcoholero y que su intención de fondo era beneficiar a los pequeños productores de caña de azúcar y reducir el costo del combustible al usuario.
Habló del supuesto peligro en que los empresarios de biocombustible de alcohol de maíz generen un monopolio.
El proyecto de ley de Leite fue sancionado por el Congreso semanas atrás, sin embargo el presidente Santiago Peña lo vetó en forma parcial los cambios introducidos en la Ley 5444/2015 “De fomento del alcohol absoluto y alcohol carburante”.
El mandatario objetó la imposición de transformar el 50% del parque automotor estatal a flex para 2028 y sanciones para los productores. Peña, sin embargo, acompaña imponer la compra de alcohol de caña de azúcar y aumento de ese producto en las naftas, beneficiando así el negocio del amigo de Leite.
Aprueban sanciones al fomento del biocombustible
En el mismo contexto, el pleno aprobó “a tambor batiente” el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que establece un nuevo marco de sanciones a los que incumplan las leyes vigentes de fomento a los biocombustibles, de alcohol absoluto, al alcohol carburante. El órgano rector será el Ministerio de Industria y Comercio (MIC).
Aplazan fe de vida agilizado
El Senado postergó ayer dos proyectos que buscan simplificar los trámites para que los adultos mayores que cobran una jubilación del Instituto de Previsión Social (IPS) no se vean forzados a trasladarse hasta el ente para dar su fe de vida.
Las propuestas fueron presentadas por parlamentarios de la oposición después del escándalo e indignación que generó el IPS al exigir a los jubilados formar largas filas, bajo la inclemencia del clima, para el trámite.
En ambos proyectos se establece que el IPS implementará controles de supervivencia de las personas jubiladas y pensionadas en forma periódica por medio de trámites simplificados que no exijan la presencia física de los jubilados.
Para ese efecto podrán utilizar indistintamente: a) los registros administrativos de los servicios de salud de la propia institución y, mediante el Sistema de Intercambio de Informaciones, de todos lo demás organismos y entidades del Estado; b) información emanada de las entidades financieras contratadas para el pago de los haberes jubilatorios y de pensiones; c) visitas domiciliarias aleatorias, y d) cualquier otro medio idóneo que no transfiera la responsabilidad a las personas jubiladas y pensionadas. En paralelo, en Diputados fue presentado un proyecto de ley similar “de comprobación de sobrevivencia de jubilados y pensionados de las cajas de seguro social del Paraguay”.
