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Un nuevo informe de la Unesco revela un preocupante aumento en el uso de leyes financieras para intimidar, presionar y silenciar a periodistas y medios de comunicación en diversas partes del mundo. El documento, titulado “El uso indebido de la legislación financiera para presionar, silenciar e intimidar a periodistas y medios de comunicación”, destaca un crecimiento significativo en la aplicación de cargos por delitos económicos, como evasión fiscal y blanqueo de capitales, dirigidos principalmente contra periodistas que investigan casos de corrupción y criminalidad.
De acuerdo los datos del organismo internacional, más del 60% de los casos analizados ocurrieron entre 2019 y 2023, alcanzando un pico de 25 casos en 2022. Las regiones más afectadas incluyen Asia, Europa del Este y América Latina, donde los periodistas no solo enfrentan cargos de extorsión y malversación de fondos, sino que también son víctimas de campañas de difamación, que dañan su reputación y minan la confianza del público.
Impacto doble de tácticas
El informe subraya que estas prácticas tienen un doble impacto: además de forzar el cierre de medios independientes por los altos costos legales que conllevan, también generan un clima de autocensura entre los periodistas, quienes temen represalias.
La situación ha generado preocupación entre organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes advierten que estas tácticas constituyen un ataque directo a la libertad de prensa.
El informe concluye con un llamado a los gobiernos para que garanticen que los periodistas tengan acceso a la justicia y que se implementen mecanismos de protección adecuados contra este tipo de acoso.
El uso de acusaciones de delitos económicos para silenciar a periodistas y medios independientes se ha extendido a todas las regiones. Estas acusaciones no requieren un vínculo directo con la información que producen los periodistas y no están sujetas al mismo escrutinio internacional que otras leyes explícitamente dirigidas contra los medios. Además, tienen consecuencias graves, como daños irreparables a la reputación de los periodistas y la viabilidad económica de sus medios debido a los elevados costos judiciales y multas.
El informe destaca que, por su efectividad, estas acusaciones se han convertido en una herramienta estratégica para quienes buscan silenciar a los medios críticos. Por lo general, se presentan junto a otros cargos, lo que refleja una instrumentalización de la justicia diseñada para frenar la labor de los periodistas.
Riesgo para investigaciones
El informe también señala que los periodistas que informan sobre corrupción son los más expuestos a este tipo de persecuciones. En muchos casos, existe un vínculo claro entre las acusaciones y las investigaciones que los periodistas realizan sobre figuras o funcionarios implicados en actos delictivos.