Comité para la Protección de Periodistas pide a Peña que vete Ley anti-ONG

El Comité para la Protección de Periodistas, organización que defiende la libertad de expresión alrededor del mundo, solicita al presidente de Paraguay, Santiago Peña, que rechace la Ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, conocida como Ley “garrote”. El motivo es la afectación que podría haber en la independencia de los medios de comunicación que no tienen el propósito de lucrar.

Santiago Peña durante la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).
Santiago Peña durante la XXXV Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina (CEAL).

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En un comunicado emitido este jueves, el Comité para la Protección de Periodistas argumentó que la ley sancionada el 9 de octubre pasado por el Congreso paraguayo, genera “onerosas restricciones a los medios de comunicación sin fines de lucro y amenazaría su independencia”. Por ese motivo, presentan más razones por las que el presidente de la República, Santiago Peña, debe vetarla.

Muchos medios de comunicación independientes en Paraguay son organizaciones sin fines de lucro que dependen de la financiación internacional y esta ley los obligaría a revelar información y datos sobre las personas que trabajan para ellos y podría obstaculizar seriamente su trabajo”, dijo la Coordinadora del Programa de América Latina del CPJ, Cristina Zahar.

Desaliento a denunciar al Gobierno

En otra parte, señalan que esto podría desalentar a los medios de comunicación a que denuncien al Gobierno o investiguen asuntos de interés público.

Resaltan que, en el mes de julio pasado, tres relatores especiales de las Naciones Unidas ya advirtieron que el proyecto de ley “podría restringir indebidamente los derechos a la privacidad, la libertad de expresión, libertad de reunión pacífica y libertad de asociación”.

Asimismo, señala la solicitud de numerosas organizaciones de la sociedad civil que también pidieron el rechazo de la ley, después de haber pedido hacer un proceso participativo para construir una ley adecuada, que finalmente no tuvo éxito.

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