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Menciona el senador Rafael Filizzola (PDP) que el artículo 28 de la Constitución Nacional y la Ley 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental garantizan que los datos de fuentes públicas son de libre acceso para todos, salvo que exista una ley expresa en contrario que establezca la reserva de algún tema. Menciona, que específicamente en el caso de la comisión antilavado (conocida como comisión “garrote”), no existe ninguna norma legal que les permita sesionar en secreto.
“El fundamento que han esgrimido no tiene sentido. Afirman que la reserva tiene por objetivo preservar o proteger la dignidad de las personas o entidades que van a ser investigadas. Por el contrario, un procedimiento secreto priva a los afectados de poder conocer los hechos que se les atribuyen y de hacer el descargo que consideren pertinente”, afirmó.
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Comisión “garrote”: irán por el grupo Zuccolillo
Indicó que se confirma que irán por el grupo Zuccolillo y también que los objetivos se van a ir extendiendo, como ya anunciaron, a la inclusión de organizaciones privadas, como aquellas asociaciones sin fines de lucro que molestan al oficialismo, mencionó el opositor.