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En conversación con ABC Color este martes, el diputado Diosnel Aguilera (Partido Liberal Radical Auténtico) expresó su opinión sobre las “responsabilidades y consecuencias” que deben ser asumidas por el ministro del Interior y el fiscal general del Estado luego de la muerte del diputado Eulalio “Lalo” Gomes (ANR, HC), investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico y abatido ayer por la Policía.
Las distintas bancadas de ambas Cámaras del Congreso se han reunido ayer o planean reunirse en la fecha para sentar postura sobre la muerte del diputado Gomes, quien falleció el lunes en horas de la madrugada durante un allanamiento de la Policía Nacional en su casa en Pedro Juan Caballero, Amambay, realizado en el marco de la investigación “Pavo Real II”, que indaga sobre supuestos vínculos del legislador colorado cartista, su hijo y otras personas con el crimen organizado.
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La Policía, que actuó en cumplimiento de una orden del juez Osmar Legal en base a una imputación -dada a conocer ayer, luego del operativo- al diputado Gomes y otras personas por supuestos vínculos con un esquema de lavado de dinero del narcotráfico, alega que el parlamentario colorado disparó contra los intervinientes, quienes devolvieron el fuego e hirieron mortalmente al parlamentario.
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Si hay juicio político, que sea para Riera y Rolón
El diputado Aguilera dijo que los representantes de la oposición en la Cámara Baja quieren asistir a la reunión de hoy de la bancada opositora del Senado para “consensuar una postura” y manifestó que “evidentemente hay responsabilidades y consecuencias que deben ser asumidas” tanto por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como el ministro del Interior, Enrique Riera.
Señaló que en el Congreso actualmente se analizan dos posibles cursos de acción: por un lado, un pronunciamiento instando al presidente Santiago Peña a destituir al ministro Riera, y por el otro, el planteamiento de un juicio político al fiscal general Rolón.
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Sin embargo, el diputado Aguilera opinó que, si se inicia un procedimiento de juicio político en el Congreso, este debe apuntar no solo al fiscal general, sino también al ministro Riera.
“Tienen las mismas responsabilidades en este caso”, argumentó. “Si el ministro alega estar en desconocimiento del procedimiento es un hecho grave, y es doblemente grave si tenía conocimiento y actuó como actuó”, añadió.
“Ejecución de un parlamentario”
Sin embargo, opinó que es “apresurado” hablar ya de eventuales juicios políticos mientras continúa el proceso de recolección de “elementos de juicio”.
“Ninguna decisión apresurada va a contribuir a esclarecer, simplemente estaríamos buscando chivos expiatorios”, señaló.
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Opinó, sin embargo, que lo ocurrido ayer en Amambay es cercano a “la ejecución de un parlamentario” y cuestionó la lógica de cómo actuó la Policía al no poder “sacar con vida” de un allanamiento a una persona de la tercera edad, el “principal elemento que iba a servir para la investigación”, que se encontraba sin custodios.