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El procedimiento policial-fiscal que abatió durante la madrugada del lunes al diputado Eulalio “Lalo” Gómes (ANR-HC), imputado por la supuesta comisión de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, sembró la duda con respecto al destino de su enorme fortuna.
En vida, el diputado había declarado poseer más de US$ 130 millones en bienes, cuyos orígenes habían sido objeto de investigación por parte de la Contraloría, que había iniciado un análisis de veracidad de la declaración jurada.
Esa investigación, sorpresivamente, quedó sin efecto por decisión de la misma institución, según confirmó ayer a este medio su director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres.
Además de su esposa, Johana Isabel Rodrígues, el diputado deja a cuatro hijos como herederos: Danilo, Alexandre, Marcelo y Larissa. Sin embargo, ante la existencia de un proceso abierto en su contra por delitos relacionados con el crimen organizado surge la duda: ¿qué pasará con su enorme fortuna?
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“Lalo” Gomes: la fortuna del diputado
El diputado “Lalo” Gomes declaró en el mes de julio del año pasado, con motivo de su asunción al cargo de diputado por el departamento del Amambay, activos por valor total de G. 979.214.075.024 (US$ 134 millones al tipo de cambio de entonces).
En cuanto a los pasivos, había declarado deudas por casi G. 27.000 millones (2,7% de su patrimonio), consistentes en siete préstamos bancarios de cinco entidades que le significaban mensualmente pagos por alrededor de G. 4.000 millones.
Además, había declarado un total de 14 inmuebles, la mitad de ellos rurales, totalizando casi 8.500 hectáreas, además de otros siete inmuebles urbanos, totalizando valores totales declarados por G. 113.476.575.024.
En cuanto a vehículos, el diputado Gomes había declarado seis camionetas de lujo y un camión de gran porte por valor de G. 821.445.000.000, además de una aeronave valuada en G. 600.000.000. También declaró 14.309 cabezas de ganado vacuno por un valor total de G. 35.772.500.000.
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Acciones en empresas investigadas
El diputado Gomes también había declarado acciones en dos empresas mencionadas en la imputación en su contra, que habrían sido utilizadas, según la Fiscalía, para la comisión de los delitos investigados.
Estas firmas son la empresa ganadera Salto Diamante SA y Paraguay Autopartes y Accesorios SA, en las cuales el diputado sería el accionista mayoritario, según su propia declaración
En Salto Diamante SA, cuya constitución habla de un capital social de G. 5.000 millones, “Lalo” había declarado acciones por un valor total de G. 3.200 millones (64%). Esta firma es la mencionada por autoridades judiciales brasileñas como la sede de donde el supuesto narcotraficante Ronaldo Mendes Nunes (Comando Vermelho) habría sido rescatado de un cerco de la Senad, huyendo en un vehículo del diputado.
En lo que respecta a la firma Paraguay Autopartes y Accesorios SA, “Lalo” había declarado acciones por G. 4.720 millones, el 94% del los G. 5.000 millones que había declarado la empresa en la constitución de su capital social.
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Juez ordenó bloqueo de bienes de los involucrados
Como una primera acción con respecto a los bienes del diputado “Lalo” Gomes, el juez Osmar Legal decretó ayer la inhibición general de sus bienes, prohibiendo que estos puedan ser enajenados o gravados, así como el embargo y bloqueo de todas sus cuentas bancarias, en financieras y cooperativas.
En su resolución, el juez ordenó que todo el ganado vacuno registrado en Senacsa a nombre del diputado, aunque esté en poder de terceros, bajo cualquier título, también sea bloqueado.
La resolución alcanza a los bienes a nombre de su hijo Alexandre y del brasileño Óscar Daniel Cabreira Pinazo y a las empresas Salto Diamante SA y Paraguay Autopartes y Accesorios SA, en las que participaban todos los hijos de “Lalo”, la firma FRG Constructora, en la que Alexandre tiene el 46% de las acciones y las empresas Los Angeles SA Importación y Exportación y EG Adamas SA.
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Comiso de bienes depende de la Justicia
Con respecto a la posibilidad de que los bienes del diputado “Lalo” Gomes sean sometidos a un proceso de comiso, Santiago Arza, director de Asuntos Legales de la Senabico, respondió que hasta el momento no tienen administración de ningún bien incautado en el marco del proceso abierto contra el diputado.
Agregó que tampoco tienen comunicación oficial de que la Fiscalía haya incautado esos bienes y que, en caso de que lo haga, debería comunicar que lo hace en calidad de bienes sujetos a comiso.
En el caso hipotético de que eso se haga, expresó que la Ley 6.431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo, contempla en su artículo segundo la posibilidad de que, ante la muerte del supuesto autor de los hechos que no permita el inicio del procedimiento penal (inc. 4), se apliquen las reglas de este procedimiento especial.
