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La Cámara de Diputados contempla en su orden del día de hoy un polémico proyecto que busca la desafectación de un terreno de más de 1.400 metros cuadrados de la Municipalidad de San Lorenzo, donde debería funcionar una plaza pública, a favor de una seccional colorada que actualmente lo ocupa ilegalmente.
El diputado por Central Raúl Benítez adelantó que pedirá la postergación del proyecto al que considera absolutamente arbitrario e injusto para los ciudadanos de San Lorenzo, atendiendo no solo a la actual situación de ocupación ilegal, sino también al precio irrisorio que se pretende obtener con la operación.
Recordó que el terreno fue cedido a la Municipalidad de San Lorenzo en 1960 con la condición de que sea para el beneficio de toda la comunidad, pero que en el año 2013, durante la administración de Albino Ferrer (recientemente fallecido), emitió una resolución señalando que era de una seccional colorada.
“Catastro, en el 2016, informa a la municipalidad que efectivamente tenían invadido el terreno por una seccional y que eso debería ser una plaza para todos los ciudadanos de San Lorenzo, no para un sector político”, reclamó el diputado.
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Seccional colorada ocupa plaza: pedirá postergación
El diputado adelantó que pedirá la postergación del tratamiento del polémico proyecto para poder darle un mejor estudio y mostrarle a sus colegas que el proyecto va en detrimento del interés común y en beneficio de un interés particular
“La Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 136 que solamente se pueden ceder terrenos públicos para dominio privado en caso de que el interés general esté sobre el particular. En este caso es el interés de un solo sector”, reclamó.
“Pedimos que este tipo de proyectos que intentan legalizar la invasión de plazas públicas se dejen de lado en la ANR, dejen de usar las instituciones y los poderes del Estado para blanquear las fechorías que vinieron haciendo históricamente”, agregó.
El diputado señaló que en caso de venderse el terreno, la seccional debería pagar el alquiler por todo el tiempo que ya estuvo ocupándolo y un precio de aproximadamente US$ 300.000, acorde al valor de mercado, a diferencia del valor fiscal (que sería la intención de los proyectistas) de apenas G. 11.000.000, según precisó.