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El aliado cartista y vicepresidente 1ro. de la Cámara de Senadores, Ramón Retamozo, tras las publicaciones en las que se devela que “olvidó” declarar los millonarios pagos por dos vehículos, ayer fue hasta la Contraloría y se reunió con el contralor Camilo Benítez para solicitarle que le realicen un examen de correspondencia de sus declaraciones juradas de bienes y rentas.
El senador reconoció que no declaró todas sus deudas, pero, según dijo, ya figuran en la observación, sin embargo, no figura entre sus pasivos el monto de cuota y cómo hace para pagar. El senador pidió a Benítez el examen de correspondencia de sus declaraciones juradas, pero no hizo ninguna rectificación del mismo.
Retamozo hizo constar en julio de este año que -supuestamente- por dos de los tres rodados declarados aún tenían deudas millonarias. Las inconsistencias en las declaraciones juradas del senador saltan luego de que el mismo haya asumido como vicepresidente 1ro. del Senado.
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“VALOR DE COMPRA 120.000 DÓLARES AMERICANOS FRACCIONADO EN 36 CUOTAS; PAGADO A LA FECHA 102.488 DÓLARES” consignó como observación el senador cartista Ramón Catalino Retamozo sobre una camioneta Toyota Land Cruiser que avaluó en G. 800 millones. El vehículo, según el legislador colorado, en su declaración jurada, presentada el 18 de julio de este año, adquirió en 2022.
Retamozo busca dejar constancia de millonaria deuda
Con estos detalles, Retamozo buscaba dejar “constancia” de una deuda de 17.512 dólares por el vehículo. Lo raro es que entre sus pasivos o egresos no especifica el pago de las cuotas o montos correspondientes por la lujosa camioneta.
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El senador Retamozo hizo constar en su declaración jurada que su único pasivo era un documento a pagar a Sebastián Pizarro Velázquez.
El detalle dice que la deuda inicial con esta persona era de G. 504 millones, con una cuota mensual de G. 14.174.860. El saldo a julio 2024 era de G. 127.573.000, según la documentación. Retamozo dijo que hace “de todo” como comerciante.
“Che ajeporeka”, dijo y comentó que cuando ingresó a la Función Pública tenía declarado en bienes por US$ 3.500.000.