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“Es una presión a la Corte Suprema de Justicia desprovista de fundamentos”, señaló ayer la exsenadora Kattya González al hacerse eco de la contestación que el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), y su asesor jurídico, Sergio Godoy, remitieron al Poder Judicial.
“Básicamente la asesoría del Senado no contesta el traslado, más bien incorpora argumentos políticos que no tienen impacto jurídico en el expediente”, remarco la otrora parlamentaria.
“Esos son los signos y las señales del precipicio autoritario que estamos denunciando hoy desde un sector político, acerca de estos avances que son sumamente peligrosos”, sentenció.
González había ganado un lugar en el Senado mediante 100.000 votos preferenciales que obtuvo, pero fue expulsada del Congreso luego de sus constantes denuncias de corrupción y por orden del Comando de Honor Colorado, donde el jefe es el expresidente Horacio Cartes, y Juan Carlos Galaverna. La orden directa fue confirmada por el senador Silvio Ovelar (ANR, HC).
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Actualmente la Sala Constitucional de la Corte estudia la acción judicial de Kattya para ser reincorporada en el Senado. Hace unos días la Fiscalía concluyó que las denuncias de supuesto tráfico de influencias que los cartistas y sus aliados “satélites” usaron en el libelo acusatorio no tienen sustento.
Es la línea del cartismo, dice Kattya
Para Kattya González, lo que hicieron en la conferencia de prensa Núñez y Godoy fue remarcar la línea política del cartismo y sus aliados, de que los ministros de Corte solo deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Resolución 429 del 20 de diciembre de 2023, con la cual se cambió el reglamento y elevó las mayorías para echar a un senador (y que los cartistas no respetaron).
“Procesalmente hablando, la Corte no puede estudiar dentro de esta acción la pretensión expuesta. No contestan la acción, no refutan argumentos como por ejemplo la violación del derecho a la defensa al no correr traslado de la pérdida de investidura”, aseveró.
“No dicen que la resolución que reputan inconstitucional está derogada y se limitan a ratificar que supuestamente esa mayoría hizo “el control de constitucionalidad” cuando todos sabemos que la nulidad o inconstitucionalidad de una norma o ley solo puede declararla la Corte Suprema de Justicia. Entonces lo que resta es esperar la resolución de la Corte”.
“Con la tesis que plantea el asesor jurídico de la Cámara Alta Sergio Godoy, es llevar el caso al absurdo y al caos infinito. Todo lo que significan los cimientos del Estado de derecho van a caer porque le vamos a dar un superpoder, que hoy no tiene, al Senado de la Nación”, finalizo.
Los cartistas también sostienen que la Corte Suprema no puede emitir un fallo contra la destitución de Kattya González por ser una “decisión política no justiciable”. Paraguay ya tiene dos condenas de la CIDH por destituir, por juicio político, a dos ministros de la Corte fuera del debido proceso, tal como se hizo con Kattya. Sin embargo, en 2015 el pleno sí aceptó el fallo de la Corte de reponer a Óscar González Daher en el JEM.