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Con la sensibilidad social trastocada, ayer la mayoría cartista en la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley “que faculta al Poder Ejecutivo a implementar medidas presupuestarias y administrativas para asistir a las familias damnificadas y contribuir a la recuperación por los efectos negativos de las inundaciones en el departamento de Ñeembucú”, mientras que dieron media sanción a reprogramaciones presupuestarias para nombramiento de funcionarios en 6 instituciones.
La titular de la Comisión de Presupuesto, la cartista Cristina Villalba argumentó el rechazo a la ayuda, alegando que supuestamente es función de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) asistir con víveres, que ya está vigente una ley de emergencia hasta el 14 de agosto. Además, la sanción “significará un incremento del gasto público”.
“La situación en el departamento de Ñeembucú es crítica y la presencia del Estado es mínima”, reclamó el diputado Diosnel Aguilera (PLRA, C), el único del departamento de Ñeembucú que defendió a sus compueblanos, ya que la diputada colorada cartista y esposa del vicepresidente Pedro Alliana, Fabiana Souto, otra vez “brilló” por su silencio.
Aguilera recordó que los ñeembuqueños hace meses deben soportar las inundaciones, la falta de alimentos, carencia de caminos para buscar asistencia médica y ahora también la helada, sin embargo, nada de esto conmovió a la mayoría cartista y oficialista (Bancada ANR B) que, con 29 votos por el rechazó, se impusieron a 23 colorados disidentes, liberales y opositores que votaron por la aprobación.
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El proyecto con media sanción del Senado, a donde retornará tras este rechazo en Cámara Baja, plantea otorgar una ayuda económica a las familias consistente en el 25% del salario mínimo (G. 909.450), más dar un periodo de gracia o exoneración del pago de las facturas de luz y agua de los meses de mayo, junio y julio, más la refinanciación de deudas en el Banco Nacional de Fomento (BNF).
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En contrapartida, momentos después dieron media sanción a reprogramaciones presupuestarias por G. 4.463.607.617 para “desprecarización” de funcionarios. A la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le concedieron G. 2.159.588.721; al Ministerio de Industria y Comercio unos G. 604.933.334; al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) G. 724.116.164; unos G. 328.511.456 para la SEN; a la Secretaría para los derechos de personas con discapacidad (Senadis) G. 601.693.309 y G. 44.764.633 para la Gobernación de Central.
Si bien no se trata de ampliaciones presupuestarias, sino redireccionamiento de fondos ya existentes para gastos corrientes.
“Esta es la típica formula de ir teniendo más clientela y votantes”, ya que “los más ‘fieles’ y que cumplen (con los político) se atornillan en un cargo público para cobrar hasta morir si es posible”, acusó Miguel Martínez (ex Cruzada Nacional).
“Me llama mucho la atención que estemos tan fervientemente tratando de formalizar una situación (de cargos), pero dejamos de lado a personas que está en situación de emergencia”, acotó Alexandra Zena (ex Cruzada Nacional).
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Unos G. 20.000 millones para dragado
En una sesión extraordinaria, convocada ayer y desarrollada durante un cuarto intermedio de la ordinaria, Diputados dio media sanción al proyecto de ley “que declara estado de emergencia para la navegación en el río Paraná”, que otorga recursos económicos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para enfrentar la bajante.
A fin de financiar la obras de dragado, se faculta al Ministerio de Economía a “reasignar una porción o el saldo necesario no comprometido de los contratos de préstamos y de las emisiones y colocaciones de Títulos de Deuda del Tesoro Público que hayan sido aprobados por Ley y se encuentran en etapa de ejecución, hasta la suma de Gs. 20.000.000.000″.