Ley de nepotismo: dar entrada a iniciativa popular fue “una gentileza”, según diputado

El legislador Rubén Rubin dijo que las propuestas de legisladores para una ley contra el nepotismo siempre iban a prevalecer sobre la iniciativa popular que ayer el cartismo confirmó que rechazará.

El diputado electo Rubén Rubín (AEN) en ABC TV.
Rubén Rubin, diputado por el Partido Encuentro Nacional.

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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el diputado Rubén Rubin (Partido Encuentro Nacional) comentó acerca del proceso para el tratamiento de una nueva ley contra el nepotismo, sobre lo cual existen varios proyectos, incluyendo una iniciativa ciudadana que plantea castigar con cárcel esas infracciones que la bancada colorada cartista en el Senado confirmó que no tendrá en cuenta.

El diputado Rubin, autor de la versión de la Cámara Baja del proyecto de ley, señaló que la más “consensuada” es la presentada por la Comisión de Legislación del Senado, que incorpora elementos de las versiones del senador independiente Eduardo Nakayama y del cartista Basilio Núñez (ANR, HC).

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Sobre la iniciativa ciudadana, el legislador opositor señaló que “ayer fue claro el presidente del Congreso (el senador Basilio Nuñez) diciendo que no tuvieron en cuenta la iniciativa ciudadana”. Agregó que esa iniciativa tuvo entrada solo en el Senado y no llegó a Diputados.

Rubin explicó que cuando llega al Congreso una iniciativa popular que coincide con propuestas legislativas –como las de Nakayama o Núñez-, según el reglamento “prevalece la propuesta legislativa”.

“Fue una gentileza aceptar una iniciativa popular cuando ya había propuestas (sobre el mismo tema). ¿Por qué va a prevalecer alguien que acaba de perder las elecciones como Sole Núñez (excandidata a la Vicepresidencia de la República y una de las impulsoras de la iniciativa ciudadana) sobre los legisladores?”, argumentó.

Apuntar al Ministerio Público

Agregó que su versión del proyecto de ley, que fue aprobada por la Cámara Baja, penaliza el nepotismo con una prohibición temporal de ejercer la función pública -que de aplicarse a un legislador conllevaría la pérdida de investidura– y afecta “a ambas partes (al contratado y al contratante)”.

“Normalmente, el contratado es operador político, son futuros concejales o diputados, no son siempre hijos de papi que no hacen nada”, señaló y agregó que la prohibición de ejercer cargos públicos prevendría que esos “operadores” cumplan su objetivo de lograr cargos electivos.

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El diputado Rubin opinó que, independientemente de la versión del proyecto de ley que acabe prosperando, se debe centrar la atención del debate en la falta de acción del Ministerio Público ante las denuncias públicas de nepotismo, que calificó de “una vergüenza monumental”.

“Es muy frustrante como legislador: nosotros legislamos, pero la Fiscalía está durmiendo”, dijo.

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