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Si el plan de ley que “establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, bautizado como ley mordaza, es aprobado en la Cámara de Diputados –y luego es promulgado por el Poder Ejecutivo–, tendrá un impacto político para el Paraguay como país, expresó María Victoria Rivas.
La directora del CEJ confirmó que con esta nueva ley solo se duplicarán los informes que ya presentan las organizaciones no gubernamentales (ONG) y también los costos de la burocracia.
“No solo va a duplicar (el papeleo), sino que va a generar una burocracia y costos innecesarios. El proyecto impacta a más de 10.000 comisiones vecinales que están en todos los municipios, tenemos los consejos de salud locales, los bomberos voluntarios”, expresó Rivas ayer.
Manifestó que incluso serían afectadas las comisiones cooperadoras de padres de cada escuela y colegio público y privado del país.
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Agregó que habrá todavía más complejidad para aquellas organizaciones mixtas que reciben la mitad de sus fondos del Estado y la otra mitad se maneja con fondos solidarios, y citó como ejemplos al Denide, Dequení, Teletón, Asoleu y las fundaciones Santa Lucía y Fernando Oca del Valle.
Rivas aseguró que de ser promulgado tal y como está aquel proyecto, Paraguay pasará a formar parte del bloque de países que limitan la libertad de asociación, y por ende, limitan la vigencia y protección en materia de derechos humanos.
Añadió que de la exposición de los proyectistas quedó bastante claro que la intención es solo impactar sobre un grupo reducido de organizaciones que son las que incomodan al oficialismo, sin medir el impacto económico y social que tendría sobre todo el país.
En ese sentido, señaló que los propios proyectistas expusieron en la sesión cuáles son esas organizaciones a las que buscan atacar, citando a Semillas para la Democracia, Juntos por la Educación, el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo y Alma Cívica, vinculada con Soledad Núñez.
Ya rinden cuentas y no existe “descontrol”
La doctora María Victoria Rivas refirió que a diferencia de lo expuesto por los proyectistas el lunes, la existencia de estas organizaciones es en sí un proceso jurídico muy complejo que, además de una serie de requisitos previos, conlleva una serie de obligaciones.
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“Tenemos todo el régimen tributario vigente, pagamos IVA, pagamos impuesto a la renta, tenemos que darle nuestro informe semestral a Seprelad, pagamos un canon anual de G. 400.000 para utilizar todo su sistema de control, recepción de fondos, etc.”, puntualizó Rivas.
“Tenemos la Abogacía del Tesoro donde todos los años tenemos que alzar las actas de las asambleas, los balances, tenemos que identificar a las autoridades de una organización, después tenemos las identificaciones precisas con relación a organizaciones que trabajan en temas específicos”, dijo.
Sumó que aquellas organizaciones que reciben fondos estatales ya están guiadas por los sistemas de control de la ley de administración financiera y que deben rendir cuentas a la Contraloría, a la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía y Finanzas.