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El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia solicitó el 28 de junio último ante el juez penal de Villa Hayes, Víctor Hugo Ronzewski, la desestimación de la denuncia presentada a finales de setiembre del año pasado por la senadora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, contra los “ocupantes vip” de una porción de la conocida Finca 916, propiedad del Ministerio de Defensa Nacional y ubicada en la zona de Remansito, Villa Hayes.
La legisladora había pedido al Ministerio Público la apertura de la investigación, atendiendo el escándalo por la ocupación de las tierras del Estado y que pretendían despojarlas a través de una ley impulsada por el actual senador y presidente del Congreso, el colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Núñez, en su último tramo como diputado, firmó junto al exintegrante de la Cámara Baja Edwin Reimer el proyecto de ley para la desafectación de 131 hectáreas de la citada finca del Estado. Para el pedido afirmaron que los ocupantes estaban desde hace décadas y que eran “agricultores”.
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Según el documento firmado por Núñez y Reimer, a través de estos años mediante el esfuerzo comunitario los ocupantes realizaron mejoras en infraestructura y servicios públicos como “energía eléctrica y distribución de agua corriente”. Además, realizaron trabajos de relleno y defensa costera para evitar la erosión del suelo.
Núñez y Reimer decían que todas esas acciones se hicieron en forma paralela al esfuerzo de cada familia de ir mejorando constructivamente sus viviendas y sus lugares de trabajo (galpones, depósitos, tinglados), “ya que en los últimos años estas familias abandonaron las actividades de autosustento o actividades agrícolas, para ir cambiando a otras actividades más productivas que les posibiliten mayor desarrollo socioeconómico” (sic).
Lo cierto es que en la zona no existen vestigios de que los ocupantes alguna vez se dedicaron a esa actividad. Más bien lo que sí es notorio es la ostentación de las casas construidas en el terreno estatal, por lo que se ganaron el mote de “ocupantes vip”.
Paredes señalaba precisamente en su denuncia que “la ocupación de estas personas en la Finca 916 aparentemente fue posibilitada por funcionarios estatales que, contrariamente a su posición de garante en el custodio del patrimonio estatal, han contribuido presuntamente a que dichas tierras sean ocupadas ilegalmente por estas personas; los mismos han omitido realizar las acciones legales tendientes a la recuperación de las mismas, por ende han vulnerado la confianza que el Estado les ha brindado a los mismos”.
Por eso la senadora solicitaba una investigación del Ministerio Público, pero el fiscal Arzamendia decidió desestimar la denuncia.
Ocupantes vip: fiscal Arzamendia, bajo mira del JEM
ABC buscó ayer al fiscal Diego Arzamendia para conocer los argumentos que utilizó para pedir la desestimación de la denuncia contra los ocupantes vip de la Finca 916. Sin embargo, no respondió nuestras llamadas ni mensajes enviados vía WhatsApp.
Los antecedentes refieren que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ya tenía bajo la mira al fiscal Arzamendia desde febrero pasado. El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembro del JEM, César Antonio Garay Zuccolillo, había denunciado nota mediante la presunta inacción del representante del Ministerio Público asignado para investigar la ocupación de la Finca 916.
Indicó que “el agente fiscal no ejerce la acción penal pública ante ocupaciones totalmente anómalas de tales parcelas públicas que corresponden al Estado paraguayo, en este caso, al Ministerio de Defensa Nacional”.
Entonces, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, salió a defender a Arzamendia diciendo que se estaba presionando para hacer imputaciones en el caso de los “ocupantes vip” de la Finca 916.
Entregamos todos los documentos, dice procurador
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró ayer que la institución a su cargo no impulsó la acción penal ante el Ministerio Público. Sin embargo, colaboraron con toda la documentación necesaria sobre la ocupación de la Finca 916.
Entregamos todos los elementos que considerábamos se configuraban como hechos punibles, pero esa es una competencia del Ministerio Público, expresó.
González comentó que la acción penal es completamente aparte de las intervenciones que viene haciendo la Procuraduría General de la República en el ámbito civil para la recuperación total de los inmuebles dentro de la Finca 916. En ese sentido, dijo que de 38 ocupantes identificados, 8 ya entregaron sus llaves en forma pacífica.
El procurador señaló que las personas que entregan en forma pacífica sus llaves automáticamente consiguen un acuerdo para salir de la demanda en el ámbito civil impulsada por el Estado, quien es el propietario real de las tierras, insistió.
Indicó que el Estado, con las ocho personas, prácticamente logró recuperar una gran proporción del sector ocupado, atendiendo que las dimensiones eran importantes. Añadió que con las 30 personas restantes están en litigio, pero, debido a la serie de incidentes, como recusaciones y otros, hacen que el proceso para la recuperación de la propiedad pública sufra retraso. Sin embargo, reiteró que todos los documentos confirman que es del Estado.