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El viernes la Fiscalía emitió un dictamen recomendando a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarar de inconstitucional la resolución de la Cámara de Senadores, por la cual se dispuso la pérdida de investidura de la senadora Kattya González (Partido Encuentro Nacional). Esto motivó la reacción de legisladores del cartismo, principalmente en Cámara Baja, que no es precisamente la aludida, pero serviría de amenaza.
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“El Senado resolvió, legal y legítimamente, la pérdida de investidura de la exsenadora González en uso de sus atribuciones constitucionales. Dictamen no vinculante, pero incorrecta pretensión de Fiscalía para que el Poder Judicial anule una decisión soberana del Poder Legislativo” (sic), escribió en X la líder de bancada de Honor Colorado en Cámara Baja, Rocío Abed.
Sin embargo otros, como los diputados cartistas Rodrigo Gamarra y Derlis Rodríguez, deslizaron solapadas amenazas, mencionado posibles consecuencias, como el “juicio político”.
“El Congreso Nacional aguarda con atención que la Corte Suprema de Justicia dirima la situación propuesta respetando el orden constitucional para garantizar la independencia, la separación y el equilibrio de Poderes del Gobierno nacional, evitando inmiscuirse en potestades privativas del Congreso”, afirmó Rodríguez.
El mismo acotó que “la pérdida de investidura es (potestad) exclusiva de las Cámaras, al igual que el juicio político, como herramientas de una democracia social imperfecta”.
Esta mención no es un hecho menor, ya que es la Cámara Baja donde el cartismo tiene mayoría absoluta propia, la que podría iniciar un eventual juicio político contra ministros de la Corte, que son lo que deben finalmente resolver la acción de inconstitucionalidad.
“Que una representante de la Fiscalía General del Estado califique de inconstitucional una decisión soberana de la Cámara de Senadores es realmente temeraria y fuera de lugar” y “una clara intromisión en la autonomía de ese cuerpo colegiado y un atropello a la institucionalidad del Congreso”, acotó Gamarra.
González respondió a estos argumentos diciendo que “se desmonta fácil”, destacando que “la República necesita de intromisión: De eso se tratan los controles recíprocos entre poderes, siempre que la intromisión sea legítima y autorizada por la Constitución y la Ley, es decir, debe estar justificada por el sistema”, como ser el veto del Ejecutivo, el control jurisdiccional de leyes, indultos, etc.