Imputación es arbitraria, asegura titular de la Caja Municipal de Jubilación

Venancio Díaz Escobar, titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, manifestó que la imputación por supuesta lesión de confianza y cobro indebido de honorarios que pesa sobre él y los miembros del consejo administración de la institución es arbitraria. Tildó a la fiscal María Luján Estigarribia de irresponsable pues los cobros de dietas y bonificaciones están avalados por resoluciones.

Miembros del Consejo de Administración de la Caja Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.
Miembros del Consejo de Administración de la Caja Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.MARIA TERESA

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Sin embargo, Venancio Díaz Escobar nada dijo de que esas resoluciones las aprueban los miembros del consejo. Es decir, son ellos quienes se designan sus jugosas dietas y varias bonificaciones, mientras los jubilados deben recibir prorrateado sus beneficios mes tras mes. El presunto perjuicio patrimonial a la institución, cuantificado por la Fiscalía es de G. 2.088.967.680.

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Entre los imputados están el ex titular de la Caja de Jubilaciones Bernabé Peralta Antúnez; el actual presidente Venancio Díaz Escobar y los miembros del consejo de administración: Juan Aristídes Amarilla, René Alejandro Medina Collar , Luis Alberto Caballero Candia , y Viviana María Brioschi Capurro cuyas dietas rondan entre los G. 23 millones y G. 29 millones. “Esta imputación no reune las condiciones legales para atribuir ninguna conducta penal y mucho menos para pedir una medida de privación de libertad. Esta investigación fue impulsada por la denuncia de un grupo de personas interesadas en asumir la Caja en el 2022″, dijo Venancio Díaz Escobar dando a entender que es por “revanchismo” por perder las elecciones.

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“La imputación de la fiscal es irresponsable y arbitraria por que al cotejar los datos se evidencia que no existió hecho punible, no hay prueba o hecho nuevo”, dijo Díaz. Añadió que las resoluciones en donde están estipuladas las dietas y las bonificaciones no fueron cuestionadas por la Contraloría General de la República y tampoco por el Ministerio Público, por lo tanto el monto designado es legal.

“Las dietas de los miembros de la máxima autoridades se encuentran previstos en la ley del presupuesto y enmarcadas en los marcos legales. La Contraloría hizo dos auditorías a la institución y en ninguna de ellas observó nada en cuanto a las resoluciones dictadas y las dietas. Son totalmente legales y validas”, sentenció.

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