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A fin de garantizar recursos para el “Arancel Cero” de los estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ayer en el Senado fue presentada un proyecto de ley que destina parte del IVA a este programa.
El proyecto de ley “Que establece el blindaje de los recursos para la gratuidad de la Educación Superior a través de la coparticipación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)” tuvo entrada oficial ayer y fue girada a comisiones.
La iniciativa legislativa tiene por objeto establecer un mecanismo de financiamiento estable y sostenible para garantizar la gratuidad de los cursos de admisión, pregrado y de grado en todas las universidades públicas del país, en los institutos de educación superior de gestión pública e institutos de formación docente dependientes del Ministerio de Educación.
El proyecto de ley establece una fuente de financiamiento proveniente del IVA. Para ello, los dos legisladores opositores proponen destinar el 1% de los ingresos recaudados en concepto del IVA para financiar la gratuidad de la educación superior en el país. Los fondos se utilizarán exclusivamente para cubrir el gasto del programa.
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Plantean que el 1% del IVA vaya al Arancel Cero y sea administrado por un fondo especial
El dinero destinado a la gratuidad de la educación superior se administrará a través de un fondo especial creado para tal fin. La normativa contempla que los fondos estarán bajo la supervisión y responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta cartera de Estado será la encargada de distribuir los recursos de manera proporcional entre las instituciones de educación superior públicas, teniendo como referencia la matrícula constatada del ejercicio anterior. “Los montos a ser transferidos no deberán ser inferiores al índice de un salario mínimo (G. 2.680.373) por estudiante”, señala el tercer artículo de la normativa.
Blindaje de fondos
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La iniciativa plantea que los fondos destinados a la gratuidad estarán protegidos contra cualquier modificación o reducción por parte de los órganos ejecutivos del Gobierno. Proponen que el dinero no sea utilizado para otros fines y dejan a cargo del Ministerio de Economía su reglamentación. Villalba, uno de los autores de la propuesta, sostuvo que, según un cálculo basado en la recaudación habitual del IVA, el 1% produciría US$ 23 millones, que irían directamente para sostener la gratuidad universitaria.