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El tratamiento del veto de Peña figura en el 4º punto del orden del día de la sesión ordinaria de Diputados, fijada para hoy a las 09:00.
Con su decisión, Santiago Peña alienta que intendentes, gobernadores y otras autoridades nacionales “puenteen” a la Contraloría y presenten sus balances a un órgano “benigno” como el Tribunal de Cuentas, de manera que no sean observados los supuestos malos manejos de los fondos públicos que siempre cuestiona el ente de control.
El proyecto de ley sancionado en el Congreso establecía todo lo contrario: Que “el Tribunal de Cuentas con funciones contencioso-administrativos no podrá recibir expedientes ni documentos que guarden relación con cuentas de Organismos y Entidades del Estado a partir de la promulgación de la presente Ley”, esto atendiendo que no tiene ni la facultad constitucional ni capacidad operativa de controlar las rendiciones de cuentas de entes públicos.
El presidente de la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara de Diputados, César Cerini (ANR, cartista), intentó ayer justificar sin mucho éxito el dictamen a favor de acompañar el veto de Peña. Como es costumbre, la comisión también emitió otro dictamen por el rechazo de la objeción presidencial.
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De manera contradictoria, Cerini afirmó que pese a saber que “es un proyecto de ley bastante importante, que lo que busca es que las instituciones encargadas del control hagan su trabajo como corresponde”, igualmente acompaña el veto.
Los cartistas y aliados, que están a favor del veto, argumentan supuestamente que en un futuro, el Poder Ejecutivo conformará una “mesa de trabajo integrada por los distintos poderes para que se pueda analizar y quitar un proyecto de ley que realmente pueda dar su trabajo objetivamente y no haya una contraposición entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas”.
Para rechazar el veto, la Cámara de Diputados requiere mayoría absoluta, es decir, 41 votos.
Cárcel por “desacato” al Congreso
Como 6º punto en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy en la Cámara de Diputados figura el proyecto de ley “que modifica y amplía el artículo 1° de la Ley Nº 4711/2012, ´que sanciona el desacato de una orden judicial’”. La iniciativa busca crear la figura del “desacato de un pedido de informe del Poder legislativo” y castigar hasta con pena de cárcel.
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El proyecto se encuentra en su último trámite legislativo, tras un primer rechazo en Diputados y la ratificación del Senado. Este plantea que el que no responda a pedidos de informes del Congreso “será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o multa”, pena que en caso de reincidencia podría ser elevada hasta 5 años de cárcel e igual plazo de prohibición de ocupar cargos públicos.