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Se cumplieron 7 años del asesinato de Rodrigo Quintana y los cartistas a cargo del gobierno en ese periodo siguen impunes. Actualmente, Horacio Cartes es presidente de la ANR y está sancionado por Estados Unidos, por lo cual no puede salir del Paraguay, ya que fue investigado en varios países, aunque no en el nuestro (Ver el cuadro). Quien fue ministro del Interior durante el 31M, Tadeo Rojas, ahora es ministro de Desarrollo Social.
Otro que fue ministro del Interior, tras los sucesos, Lorenzo Lezcano, volvió a la Fiscalía, donde fue denunciado por permitir la fuga del narco Sebastián Marset, pero fue blindado por el cartismo. Ariel Martínez, otro que fue ministro del Interior tras los sucesos, ahora es suplente del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
El tabacalero José Ortiz, acusado por la oposición de ordenar el ataque al PLRA a los jefes policiales, nunca fue investigado.
Solo el escopetero Joel Sanabria está preso por disparar al diputado Édgar Acosta (PLRA) en el rostro. Gustavo Florentín, acusado de asesinar a Rodrigo Quintana, está libre.
Los jefes policiales durante el 31M y ataque al PLRA: Críspulo Sotelo, Enrique Isasi, Prudencio Burgos, Tomás Paredes Palma, Abel Cañete, Amado Cantero y Luis Rojas quedaron impunes y “blanqueados”.
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31M y el peligro latente
Un día como hoy, pero hace siete años, el Paraguay despertaba con el peligro latente de que la “enmienda mau”, aprobada a escondidas por 25 senadores, sea tratada el sábado 1 de abril por la Cámara de Diputados.
El plan del entonces presidente Horacio Cartes y los senadores Fernando Lugo y Blas Llano era habilitar la reelección presidencial para las elecciones del 2018.
Las movilizaciones frente al Congreso fueron dispersadas y las oficinas frontales del Senado estaban incendiadas. Había cientos de detenidos y el diputado Édgar Acosta (PLRA) fue desfigurado por un disparo de escopeta con balines de goma por un policía antimotines.
Sin embargo, la noticia más impactante era que la Policía realizó una incursión ilegal, sin orden judicial, a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), un edificio respetado incluso durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
En dicha incursión ingresaron policías portando armas con balines de plomo y uno de ellos, Gustavo Florentín (hoy libre), fue considerado como el que asesinó al joven dirigente Rodrigo Quintana.
El gobierno intentó culpar al suboficial de actuar como “lobo solitario”, pero las imágenes de circuito cerrado demostraron que fue un operativo coordinado en busca del entonces jefe del PLRA, Efraín Alegre.
Rápidamente la Fiscalía dispuso un equipo para procesar a los manifestantes que incendiaron parte del Congreso, pero quienes debían investigar quién ordenó atacar el PLRA y el asesinato de Rodrigo Quintana nada hicieron.
Por pocos días la causa estuvo a cargo de la entonces fiscala Teresa Rojas, quien obtuvo los datos de las telefónicas sobre cómo José Ortiz, Luis Canillas y otros, saltaban la cadena de mando y daban órdenes a jefes policiales durante el atraco al PLRA y las movilizaciones.
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El antes y después de los implicados en el 31M
Horacio Cartes: Actual titular de la ANR a quien se le atribuye más poder que al presidente Santiago Peña. Expresidente de la República quien financió la Enmienda de Sangre del 2017 según EE.UU., país que lo designó como “significativamente corrupto” y lo sancionó financieramente.
Santiago Peña: Actual presidente de la República y exministro de Hacienda durante el 31M. Defendió la enmienda, cuestionó las movilizaciones y pedía hacer el referéndum.
Tadeo Rojas: Actual ministro de Desarrollo Social y ministro del Interior durante el 31M. En 2017 fue separado del cargo y volvió a ser diputado sin pagar las consecuencias. Fue aspirante a gobernador de Central.
Lorenzo Lezcano: Viceministro de Seguridad Interna durante el 31M y ministro del Interior los meses siguientes. Volvió a la Fiscalía y protegido por los cartistas fue blanqueado por no investigar la fuga de Marset, así como en casos que salpican principalmente al expresidente Horacio Cartes sobre lavado de dinero y a Darío Messer.
Ariel Martínez: Actual representante suplente del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Viceministro de Asuntos Políticos durante el 31M y exministro del Interior. Intentó instalar que el ataque a la sede del PLRA fue una acción de “lobo solitario” del suboficial Gustavo Adolfo Florentín Silva.
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Asesores
José Ortiz: Gerente de Tabesa y asesor de la presidencia durante el 31M quien hizo 16 llamadas al Comisario Críspulo Sotelo esa noche. La Fiscalía impidió analizar el cruce de llamadas. Querelló a Efraín Alegre cuando este le acusó de ordenar el ataque al PLRA. Es quien marca la política actual sobre leyes antitabaco, contrabando y otros.
Luis Canillas: Sin cargos visibles en la actualidad, fue abogado de Yacyretá durante el 31M quien llamó 24 veces al excomandante Críspulo Sotelo.
Policías
Gustavo Florentín: Acusado de asesinar al joven dirigente liberal Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril dentro del PLRA. Estuvo cinco años en prisión y ahora está libre desde abril de 2022, sin medida cautelar y sin audiencia preliminar.
Joel Sanabria: Condenado a 9 años de cárcel por disparar en el rostro al diputado Édgar Acosta (PLRA).
Críspulo Sotelo: Actualmente retirado. Comandante de la Policía durante el 31M destituido tras el suceso. Recibió decenas de llamadas de políticos y asesores presidenciales antes del ataque al PLRA y que nunca fueron investigados gracias a la exfiscala Raquel Fernández.
Enrique Isasi: En los últimos años fue jefe de seguridad privada de Horacio Cartes, fue director de Apoyo Táctico policial durante el 31M, cuando ingresó a la sala del Senado armado. Fundó un partido político con el excomisario Prudencio Burgos.
Prudencio Burgos: Actualmente retirado. Acusado por Gustavo Florentín de dar la orden de abandonar el Congreso el 31M. En 2018 fue premiado con la jefatura policial de Ñeembucú.
Tomás Paredes Palma: Subjefe de Investigación de Delitos cuando ocurrió el atropello al local del PLRA el 31 de marzo de 2017. A pedido de la Fiscalía, la Justicia lo sobreseyó.
Abel Cañete: Brazo operativo del mortal atraco a la sede del PLRA el 31M, ubicado en el puesto 34 de su lista al Senado del Cartismo y denunciado por supuestamente recibir coimas del narco Marcelo “Piloto” por protección.
Luis Rojas: Fue precandidato a intendente de Mbuyapey por el cartismo en 2020. Fue subcomandante de la Policía durante el 31M, considerado como el responsable de los cuestionados despliegues policiales que concluyeron con el asesinato del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Amado Cantero: Comisario durante el 31M, en 2019 el Senado no le concedió acuerdo para su ascenso, al igual que Zacarías Centurión Paniagua. Según Gustavo Florentín, Cantero también dio la orden de abandonar el Congreso.
Manifestantes
Rodrigo Quintana: Asesinado en la madrugada del 1 de abril durante un ataque policial a la sede del PLRA. Su entonces expareja, madre de su hija, pasó a ser “asalariada” del cartismo (Gana 17 millones en el BNF) y hasta la fecha los padres del fallecido fueron excluidos de la querella por su muerte.
Édgar Acosta: Diputado liberal quien recibió un disparo en el rostro con balines de goma el 31M.
Fiscales
Javier Díaz Verón: Ex fiscal general durante el 31M. Fue procesado por enriquecimiento ilícito pero actualmente está blanqueado por la Justicia.
Raquel Fernández: Fiscala del 31M quien se negó a hacer el cruce de llamada. Renunció en 2019 siendo enjuiciada por el JEM.