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Hoy se cumplen siete años de la “Enmienda de Sangre” del 31 de marzo de 2017 y es la segunda conmemoración en que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mantiene la impunidad a quienes dieron las órdenes a las fuerzas policiales de abandonar el Senado y atacar la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde fue asesinado Rodrigo Quintana.
Rolón se mantiene así en la línea de sus predecesores Javier Díaz Verón (2011 -2018) y Sandra Quiñónez (2018-2023) de haber procesado simplemente a policías de rango menor y a manifestantes.
En 2017, Díaz Verón permitió que la exfiscala Raquel Fernández se negara a investigar “por morbo” el cruce de llamadas entre los jefes policiales que recibieron estas órdenes del primer anillo de Horacio Cartes. Ella renunció en 2019 enjuiciada por este caso.
Solo la entonces fiscala del caso por pocos días, Teresa Rojas, se animó a exigir los datos de las llamadas, revelando cómo el tabacalero José Ortiz y el asesor de la EBY Luis Canillas se comunicaban con el entonces comandante de la Policía Críspulo Sotelo, el comisario Abel Cañete y el comisario Tomás Paredes Palma, quien encabezó el ataque al PLRA.
El inicio de la crisis
En 2017, el entonces presidente de la República Horacio Cartes y los senadores Fernando Lugo y Blas Llano acordaron un golpe parlamentario para habilitar la reelección presidencial por la vía de la enmienda, violando la Constitución Nacional y poniendo en peligro la democracia del país.
Antes, el 28 de marzo, 25 senadores pro enmienda usurparon la presidencia de la Cámara de Senadores y se reunieron a escondidas para modificar el reglamento interno del Senado. Con el mundo observando, el 31 de marzo usaron la misma táctica para aprobar la iniciativa y remitirla a la Cámara de Diputados, a las 15:00.
En paralelo, la seguridad policial del Congreso aumentaba después de que se repudiara la movilización de las Fuerzas Armadas en las inmediaciones. Mientras tanto, los manifestantes en vigilia eran reforzados por ciudadanos indignados que llegaban a la Plaza de Armas, convirtiéndose el lugar en un “campo de batalla”, donde se repetirían escenas similares al Marzo Paraguayo de 1999.
En ese entonces se desconocía que los jefes policiales recibían supuestas órdenes de “asesores” de Cartes y no del entonces ministro del Interior Tadeo Rojas, actual ministro del gabinete de Peña.
Finalmente, todo estalló de la peor manera cuando manifestantes desarmados llegados desde el PLRA, a empujones intentaron superar el perímetro de seguridad del Senado instalado por cascos azules.
Los antimotines dispararon balines de goma a quemarropa e hirieron al titular del PLRA Efraín Alegre. Pero lo más grave fue el disparo en el rostro al diputado Édgar Acosta, quien cayó al suelo ensangrentado. Solo el escopetero Joel Sanabria fue condenado por este caso.
En las horas siguientes, más ciudadanos, militantes de la oposición e, incluso, supuestos barrabravas se sumaron a las protestas. Pero tras horas de lucha, la Policía abandonó la custodia del Congreso a las 19:00, y los manifestantes ingresaron al edificio e incendiaron la sede. Estas imágenes recorrieron el mundo.
Cerca de las 20:00, la Policía Montada recuperó el Congreso y algunos manifestantes protagonizaron hechos vandálicos en varios locales comerciales.
Represión y ataque
La Policía desplegó una especie de cacería humana en todo el centro capitalino, y se registraron violaciones a los derechos humanos no vistos desde la dictadura. Un total de 211 personas, incluidos menores de edad, fueron llevadas a la FOPE.
La represión culminó de la peor manera, cuando antimotines atropellaron la sede del PLRA en la madrugada del 1 de abril. Uno de los agentes, Gustavo Florentín (hoy libre), cargaba balines de plomo y asesinó con un disparo al dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Otros agentes también fueron procesados por agredir a militantes del PLRA con balines de goma. Pero los comisarios Palma y Amado Cantero quedaron impunes.
EE.UU. presionó contra el rekutu
El entonces gobierno de Donald Trump tuvo un papel gravitante al oponerse al intento de Horacio Cartes (luego declarado significativamente corrupto por EE.UU.) de forzar la enmienda. Trump envió al secretario interino para el Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, para que desista. Los entonces presidentes de Brasil, Michel Temer y de Argentina, Mauricio Macri, también influenciaron así como el papa Francisco, con una carta.
