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El análisis sobre la viabilidad financiera del proyecto de ley Hambre Cero, propuesta realizada por el Gobierno de Santiago Peña, que suprime el Fonacide para crear el Fonae, no fue realizado ni consultado, según afirmó Miguel Marecos, de Sinadi.
“Creo que primero tenemos que ordenar la casa en términos financieros y ver un poquitito si es viable el proyecto Hambre Cero, en el sentido de que US$ 300 millones es lo que pretenden ellos invertir, nosotros sustentamos que el almuerzo es importante, pero el desayuno también si se puede, porque en un país donde vos no invertís en educación y empezás a especular”, criticó.
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Agregó que los directores sentaron postura ante Lea Giménez, jefa de gabinete del Gobierno, para no excluir a la Gobernación de Central y Presidente Hayes y que los fondos para los respectivos territorios sean administrados por el Ministerio de Desarrollo Social, ya que es la ciudadanía de cada localidad es la que juzga la gestión de intendentes y gobernadores.
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Critican falta de control de Ley Hambre Cero
Los directores también sentaron postura sobre la falta de inclusión de varios sectores de la sociedad en el control de las compras, procesos de adquisición y licitaciones del proyecto de ley Hambre Cero, y aseguró que no incluye la participación ciudadana.
“El otro artículo no clarifica en términos de control cómo va a ser, porque ahí no hay participación ciudadana, el artículo dice que se podrá, los padres podrán, pero una vez que se hizo la licitación, entonces ahí no solucionas el problema porque va a ser lo mismo que ahora con Fonacide, que voy a encontrar unas obras mal hechas porque solamente el intendente maneja y después le denuncias y termina en el opare’i”, cuestionó.
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Dijo que no basta con la Contraloría General de la República, deben estar representantes de padres o de estudiantes o de la sociedad civil de cada municipio desde el inicio del proceso, ya que ahí es donde va habrá control real.
No hay seriedad en proyecto Hambre Cero
Marecos señaló que el Gobierno de Santiago Peña se apresuró en lanzar el proyecto de ley Hambre Cero sin hablar con todos los actores antes.
“Ahora están empezando con que ‘no que, el ministro le gusta, mejor esto no, que le gusta lo otro, entonces no hay formalismo, no hay seriedad en esto. Yo creo que este proyecto hambre cero tiene mucha muchas lagunas y hay mucho por discutir todavía así no pueden los diputadores y senadores aprobar a tambor batiente”, refirió.
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Agregó que la administración actual invirtió más de un millón de dólares para llamar a concurso a tres empresas para la reparación, refacción y construcción de aulas, problema que desde hace diez años, todos los años, los directores presentan en microplanes de acción.
Escuelas y colegios públicos al borde del colapso
“Hay, por lo menos 200 pabellones que hay que arreglar, cada pabellón tiene 3 o 4 aulas, ¿vos decís que esta empresa que ganó que va a hacer con un millón de dólares?, dos o tres empresas habrán ganado, y hasta hoy y eso no te puedo decir con mucha firmeza ninguna institución fue visitado todavía por las supuestas empresas que van a hacer la labor de las primeras”, afirmó.
Agregó que tienen casi 9.000 aulas a reparar, de las cuales 4.000 están en condiciones paupérrimas, de esas, 200 están clausuradas, que en cualquier momento colapsan, como sucedió el año pasado cuando se cayó un ventilador por la oreja de un alumno.
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“Tenemos 30 instituciones que toman agua de Tajamar, tenemos 453 instituciones educativas que tienen baños letrinas, tenemos 100 instituciones aproximadamente que no tienen luz, un poquitito más de 100 que tienen conexión clandestina, tenemos un servicio de conectividad de Internet del 48%, Copaco es un fracaso y un robo a mano armada. 48% y ¿por qué funciona? Porque el director de su bolsillo está pagando otra empresa”, finalizó.
Criticó que con la gratuidad, cada institución recibe G. 20.000 por cada alumno inscripto, lo que no alcanza para hacer todas las reparaciones y poner las instituciones en condiciones.