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La Fiscalía presentó imputación por siete hechos punibles contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y exfuncionarios de su gobierno que son: Carlos Arregui, René Fernández, Carmen María Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda, Arnaldo Giuzzio, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Espínola.
La imputación presentada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti son por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio (Art. 315 del CP), revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial (Art. 148 del CP), inducción a un subordinado a un hecho punible (art. 318 del CP), denuncia falsa (Art. 289 del CP), simulación de un hecho punible (Art. 291 del CP), usurpación de funciones públicas (Art. 241 del CP) y asociación criminal.
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Los hechos punibles contra Mario Abdo y sus exfuncionarios
La imputación se da tras la denuncia del actual presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el 31 de julio del 2023.
En el acta de imputación indican que Horacio Cartes amplió dos veces más la denuncia, siendo la primera vez el 30 de agosto del 2023, refiriéndose a la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
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La segunda y última ampliación fue el 30 de octubre del 2023, en la que Horacio Cartes denunció una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
Mario Abdo quería “debilitar” a Horacio Cartes y Santiago Peña, según Fiscalía
El acta de imputación indica que supuestamente durante parte de su periodo de gobierno, el expresidente Mario Abdo Benítez (2021 al 2022) habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y principalmente electoral. Describen que mediante el esquema, Mario Abdo Benítez filtraba información confidencial a los medios de prensa.
Uno de los documentos que dice la Fiscalía que los funcionarios filtraron es un pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco del expediente N.° 202100076335 con respecto al historial penal y policial de Horacio Cartes (expresidente de la República del Paraguay).
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Agregan que en la elaboración de la contestación del pedido realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT, “se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá”.
Imputación por supuesta “información falsa”
En la imputación indican también que entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Seprelad (2019/2022), junto con otros funcionarios de la institución, específicamente Carmen Pereira, en calidad de directora general de Análisis Financiero y Estratégico (año 2019/2022) y posteriormente como secretaria adjunta de la Seprelad (año 2022), Guillermo Preda, director de Análisis Financiero “A” (año 2018) y luego designado director general interino de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (año 2022) y Francisco Pereira, director de Análisis Financiero “B” (año 2019/2022), habrían redactado el informe de inteligencia N.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Afirman que Carmen Pereira y los demás funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación y a autoridades nacionales del momento (Mario Abdo Benítez y Mauricio Espínola), lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación.
Sindican a Guillermo Preda de enviar un archivo creado fuera de la Seprelad por personas ajenas a ella para que forme parte del Informe de inteligencia y elaborar juicios de valor sobre el expresidente de la República Horacio Cartes, que habría solicitado al analista Derlis Ruiz que los incorpore al informe. Dichas valoraciones refieren a los antecedentes de Cartes por el proceso que tuvo en 1985 por evasión de divisas, por el que fue sobreseído definitivamente en el 2008 y su incremento patrimonial de más de 1.000 millones de dólares con su Grupo Empresarial que habría registrado durante su periodo como presidente.
Facturas de Peña y Boidanich con Basa y Tabesa
Los fiscales imputaron a Guillermo Preda también por supuestamente enviar al analista Derlis Ruiz cuadros con facturaciones de la firma Tabesa a favor de Óscar Boidanich, así como cuadros salarios de Banco Basa a favor de Santiago Peña a fin de que sean incluidos en el informe de inteligencia “a pesar de que dichas personas no revestían el carácter de investigados en el marco de dicho informe de inteligencia”.
Indican que Preda habría ordenado la incorporación de prensa negativa y de las declaraciones juradas ante la Contraloría General de la República presentadas por el expresidente de la República Horacio Cartes, informaciones que no fueron requeridas por la Fiscalía de Panamá, según refieren los fiscales en todo momento.
Imputación se basa principalmente en publicaciones
La Fiscalía presenta 42 elementos de sospecha, entre los que resaltan algunos informes de las instituciones relacionadas a la investigación, publicaciones de medios de comunicación y las denuncias presentadas por Horacio Cartes.
