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El expresidente Mario Abdo Benítez firmó el 3 de julio del 2019 el Decreto Nº 2062 que objetó totalmente el proyecto de ley Nº 6340/2019, «De la pérdida de la investidura parlamentaria», sancionado en ese entonces por el Congreso el 19 de junio del mismo año.
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Uno de los principales puntos que reprobó en aquella ocasión el Ejecutivo (ver infografía) es la intención de establecer que la pérdida de investidura sea aprobada por mayoría absoluta (23 en el Senado y 41 en votos en Diputados sin importar la cantidad de presentes), algo que no está estipulado en el artículo 201 de la Constitución Nacional.
Por su parte, el expresidente Horacio Cartes firmó el 23 de marzo del 2018 el Decreto Nº 8717 por el cual vetó parcialmente el proyecto de Ley Nº 6039/2018, «Que reglamenta el Artículo 201 de la Constitución Nacional, de la pérdida de investidura» (Art. 201 de la Constitución).
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En su veto parcial (ver infografía), el exmandatario objetó el artículo 3° de la denominada ley del “autoblindaje”, concretamente en la parte que dice: “Para la determinación de la existencia de un hecho punible, se respetarán las normas penales vigentes”. Esta frase rechazada exigía una previa sentencia judicial para retirar la investidura a los parlamentarios, lo que en la práctica iba a hacer inviable la aplicación de castigos como la pérdida de la investidura, ya que un proceso judicial a políticos poderosos puede durar varios años. Pero llamativamente mantuvo la mayoría absoluta para la expulsión de un legislador pero finalmente quedó sin efecto.
En ese entonces, a través de su cuenta de Twitter, Cartes dijo que su decisión es “un no rotundo a la impunidad y un sí a la institucionalidad”.
La medida fue felicitada por el entonces candidato del Partido Colorado a la Presidencia Abdo Benítez. “Estoy muy contento y le felicito al Presidente de República por la decisión que ha tomado, la decisión de vetar un artículo”, expresó Abdo Benítez.
Opinó que en el Poder Judicial existen casos que tienen años y la espera de una sentencia judicial para proceder a la pérdida de la investidura de un legislador “es insostenible” porque “garantiza la impunidad”