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El proyecto de ley “que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios y centros educativos del territorio de la República y establecer los objetivos del plan de seguridad penitenciaria con el concurso de las Fuerzas Públicas” fue presentado ayer. Obtuvo el respaldo de diputados de diferentes partidos y, a pedido del ministro de Justicia, Ángel Barchini, que personalmente fue ayer a realizar la solicitud, podría aprobarse en la sesión ordinaria de hoy, convocada para las 09:00.
El proyecto plantea habilitar al Ministerio de Justicia por un año la posibilidad del uso de las fuerzas públicas (policía y militares) para el control interno de los penales, algo que hasta el lunes, antes de que se dé el operativo “Veneratio”, estaba a cargo de los agentes penitenciarios.
Además, se le encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas a “la atención preferencial en carácter de prioridad a los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia, para la transferencia de créditos presupuestarios” para la realizar “obras de infraestructura y compra de equipos tecnológicos”, y se otorgan excepciones para la contratación de personal, flexibilizando las disposiciones de la Ley de la Función Pública.
Barchini indicó que el operativo Veneratio, que permitió retomar el control del Penal de Tacumbú y desarticular estructuras de criminales organizados que lo tenían sometido es la primera parte y para la segunda etapa es que solicitan esta declaración de emergencia.
“Necesitamos ir ahora a la segunda etapa, la contención de los delincuentes estos que han puesto de rodilla al Estado paraguayo, ahora nosotros los vamos a poner de rodillas a ellos, respetando sus derechos humanos, sus procesos legales, pero ningún DD.HH. de ningún criminal puede estar sobre los intereses humanos de la gente decente de este país”, sostuvo Barchini.
Contra agentes “corruptos”
El ministro reconoció que el pedido de disponer de agentes de la Policía y las Fuerzas Armadas, y contratar nuevos agentes penitenciarios se debe a la “corrupción” que afecta a los que actualmente estaban asignados en Tacumbú y otros penales.
“Debemos ser sinceros, que el funcionario penitenciario que existía hasta hoy, una gran mayoría dependía y actuaba conforme a las intenciones de las bandas criminales que manejaban el centro penitenciario” y “no podemos seguir extorsionados, chantajeados por sindicatos que defienden supuestamente derechos laborales que no son más que los intereses de las bandas criminales”, acusó.
No definen Tacumbú
El ministro de Justicia también sostuvo que aún no definieron si cerrarán o no el penal de Tacumbú, y cuestionó al gobierno anterior de Mario Abdo Benítez por las obras “inconclusas” de tres penales nuevos, ubicados en Minga Guasú y Emboscada).
“Estamos esperando las instrucciones del presidente de la República, porque ahí lo ideal sería cerrar (Tacumbú), pero todo pasa al fin del día por una cuestión presupuestaria”, refirió.
“No sé a quién se le ocurrió hacer tres penales y equipar uno de ellos al 50%” y además tiene problemas de provisión de agua y estructurales, dijo.
Todo listo para aprobar hoy
Ayer, las comisiones de Presupuesto, Justicia y Asuntos Económicos dictaminaron a favor del proyecto, que se espera que sea tratado hoy “sobre tablas” en la ordinaria fijada para las 9:00 o en una sesión extraordinaria, que puede solicitarse ante el pleno por un grupo de legisladores. En el caso de que se dé la media sanción, pasará al Senado.
Definirían ley sobre agentes carcelarios
Como séptimo punto del orden del día de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, fijada para las 9:00, vuelve a figurar el tratamiento en particular del proyecto de ley “orgánica penitenciaria”, que busca establecer el régimen laboral de agentes penitenciarios.
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El proyecto busca establecer una carrera y escalafón de agentes penitenciarios, que se vuelva un órgano no deliberante y tengan un sistema de ascenso por méritos, es decir, en un régimen similar al de policías y militares.
Esto obligará a que los agentes penitenciarios, a ser contratados a partir de la vigencia de la ley, se formen y egresen del Centro de Estudios y Formación Penitenciario y sean calificados para acceder a ascensos.
La Cámara de Diputados ya había aprobado en general este proyecto de ley el pasado 15 de noviembre, sin embargo, desde entonces vienen dilatando el estudio artículo por artículo.
Sin embargo, dicha situación ahora ya se vuelve impostergable, primero porque es la última sesión ordinaria del año (el receso inicia el 21 de diciembre) y porque el operativo “Veneratio” hizo que el Ministerio de Justicia también pida apurar el proyecto para implementar este nuevo régimen laboral para sus agentes.
La versión de proyecto que sería aprobada es una modificación propuesta por el Ejecutivo (Ministerio de Justicia y el de Economía y Finanzas), en la cual se reducen ciertos beneficios laborales que inicialmente plantearon los diputados proyectistas, como ser los niveles salariales y beneficios de jubilación (retiro), manteniendo los requisitos actualmente establecidos en la Ley Nº 2345 “de reforma y sostenibilidad de la caja fiscal”.
La Cámara de Diputados es la de origen, por lo que si llega a concretarse la media sanción hoy, el proyecto aún deberá pasar por la Cámara de Senadores, lo cual ya sería el próximo año por la falta de tiempo antes del receso.