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- ¿Qué es ese proyecto de ley que busca controlar a las Onegés?
- Es un proyecto de ley presentado bajo el liderazgo del senador Bachi Núñez que pretende modificar la Ley N° 1535 de Administración Financiera del Estado...
- Bachi Núñez está en todas partes...
- (se ríe) El lidera un poco todo lo que sea política de acallar voces aparentemente en la sociedad. En estos días anda frenético para hacer aprobar esa controvertida ley de las jubilaciones y pensiones...
- ¿Qué se pretende?
- Se pretende equiparar a las Onegés con órganos de derecho público. Es inconstitucional. Las Onegés no somos órganos ni entidades de derecho público. Somos de derecho privado.
- Usted está en una de ellas.
- Sí. Nosotros somos el Centro de Estudios Judiciales. Es un organismo de derecho privado. Es una organización de la sociedad civil con capacidad restringida que se rige por disposiciones del Código Civil y somos de derecho privado.
- ¿Quién los controla?
- Estamos regidos por una serie de disposiciones legales de control: Seprelad, Abogacía del Tesoro, por el sistema tributario, por un conjunto de leyes que básicamente controlan las actividades de personas de derecho privado.
- ¿Qué implica que sean incluidos en una nueva ley?
- La Ley N° 1535 es una ley que regula la administración financiera del Estado. Es una ley muy importante porque tiene a su cargo todos los procedimientos administrativos que regulan las finanzas del Estado. El proyecto de Bachi Núñez pretende modificar una ley con el objetivo de incorporar el control sobre los fondos de las organizaciones de la sociedad civil. Es totalmente inconstitucional.
- ¿Cuál es el trasfondo?
- Quieren controlar y silenciar voces de la sociedad civil y apunta a un nuevo modelo autoritario que se cierne en la región y que acecha al Paraguay.
- ¿Cómo se entiende?
- Se trata de modelos que sacan a relucir para acallar voces. Son refinadas fórmulas de un viejo modelo autoritario que se viene construyendo con leyes que evidencian un trasfondo autoritario. El ejemplo más claro es lo que impuso en Nicaragua el dictador Daniel Ortega. El Paraguay no puede quedar pegado de nuevo a un modelo autoritario. No pueden ellos abusar de su mayoría en el Parlamento para equiparar las organizaciones no gubernamentales a un órgano de derecho público. Nosotros nos regimos por otros principios, por otras normas.
- ¿Abusan de su mayoría?
- No miden la magnitud de lo que hacen. Por oportunismo político pusieron en riesgo la cooperación europea (en educación). El tema de las jubilaciones está ahora en stand by pero no paran y arremeten ahora sobre las Onegés. ¿A quién se le ocurre meter a las organizaciones de la sociedad civil nada más y nada menos que en la ley de administración financiera del Estado? Nosotros no somos Estado. Somos sociedad civil. Todos estos pasos que viene dando el Gobierno nos hace concluir que los oficialistas están detrás de una agenda que busca copar todo.
- ¿Quieren controlar la plata que reciben del exterior?
- La plata que nosotros recibimos es ínfima en comparación con la plata que administra el Gobierno a través del presupuesto general de gastos. Lo que quieren en el fondo ni siquiera es controlarnos, sino, de ser posible cerrarnos como sucede en Nicaragua o amedrentarnos.
- ¿No es legítimo que se controle los fondos que reciben?
- Hay organizaciones de la sociedad civil que retiran fondos públicos. Esos fondos públicos ya están controlados por leyes vigentes: la ley del presupuesto general de gastos de la nación, la ley de la Contraloría General, en fin... Pero la gravedad del caso no termina ahí. En el proyecto de ley se establece una prohibición a las entidades del Estado para firmar acuerdos, convenios y documentos similares con organizaciones no gubernamentales que reciban tanto fondos públicos como fondos provenientes de organizaciones y de personas del exterior.
- ¿Cómo captan ustedes los recursos del exterior?
- Nosotros concursamos por fondos concursables de la cooperación internacional. Son concursos regionales muchos de ellos, donde nosotros, dependiendo de la capacidad técnica de las organizaciones participamos en estos concursos regionales y, a veces, tenemos la capacidad de capturar fondos que no necesariamente están destinados a un país pero sí están destinados a programas y a temas que están en la agenda de la cooperación internacional.
- Si por ejemplo, una ONG tiene plata destinada a la niñez, ¿qué boicot puede hacer el Gobierno?
- Esta ley prohíbe en este caso a la Secretaría de la Niñez que firme convenio con esa organización civil si esos recursos no están en el presupuesto general de gastos de la nación. Hay muchas organizaciones que vienen trabajando seria e incansablemente sin recibir fondos públicos y que trabajan con fondos internacionales vinculados a temas de interés mundial y que de alguna manera impactan en nuestro país. Nuestro centro de estudios judiciales por ejemplo viene trabajando desde hace más de 15 años en el fortalecimiento del Estado de derecho. Está Global Infancia, que tiene 25 años, está Cedep (Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política) que es una organización vinculada a las comisiones vecinales hace más de 30 años, está la Contraloría Ciudadana y muchas más organizaciones que contribuyen poniendo en agenda temas poco explorados en educación, salud, medio ambiente, derechos humanos, política, sociedad. Está la Fundación Bertoni, Codehupy (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay)...
- Entre sus fundamentos, los proyectistas dicen por ejemplo que hubo un festín de plata en la pandemia entre seccionaleros desde una fundación (CIRD).
- No se puede desconocer que hay muchos niveles de corrupción creados por los propios políticos para distraer fondos del Estado. Ahí está el caso de (el ex ministro de Agricultura y Ganadería) Enzo Cardozo (PLRA) que ha creado numerosas pequeñas organizaciones para distraer fondos de programas del MAG. Está el caso del gobernador de Central que fue procesado (Hugo Javier González, colorado cartista) que también utilizó el mecanismo de pequeñas organizaciones para distraer fondos. Son prácticas instaladas desde la clase política. Las onegés que trabajamos temas de interés social vinculados a democracia, cultura, desarrollo social, somos organizaciones reconocidas por la contribución al desarrollo económico y social del país.
- A algunas organizaciones se les atribuye operar financieramente para grupos de la oposición...
- Son campañas de desprestigio que se instalan contra las organizaciones no gubernamentales serias y responsables. Lo que existe es una mirada social de preocupación sobre algunos temas que deberían ser del interés de la política, no solamente para el partido oficialista sino para todos los partidos políticos, por ejemplo: discapacidad, abuso sexual en niños...
- Las críticas hablan también de que usan las Onegés como curro, rebusque para vivir de upa de los fondos de organizaciones internacionales o del Estado...
- Lo que vemos es que en nuestro país se instaló un sector político muy fuerte que trata de pisotear el aporte que venimos haciendo en el desarrollo social, económico, cultural y democrático. En Nicaragua ya cerraron más de 200 organizaciones con una ley similar.
- El liberal Dionisio Amarilla habló por ejemplo de llamativas transferencias a Onegés en la última semana de Mario Abdo Benítez: 500 millones a una supuesta comisión de productores de Caazapá, 500 a otra de Canindeyú...
- Que se investigue y castigue. Eso es un problema de corrupción pública que debe ser investigado por supuesto. Se habla de esos montos y de esas transferencias pero ese es un modelo instalado por la clase política, ejemplo gráfico: caso Enzo Cardozo, caso de Hugo Javier... El Ministerio de Economía es el órgano responsable de hacer la transferencia. Cualquier organización seria que quiera seguir recibiendo fondos del Estado sabe que las reglas son claras y que deben cumplirse. Los mecanismos de control y prevención existen. Lo que no vemos es la voluntad política para castigar a los responsables.
- ¿Qué es lo que molesta en el fondo?
- La divulgación de datos no oficiales que desnudan debilidades en políticas públicas molestan. Supongo que molestan denuncias que se hacen sobre el tema corrupción, sobre los altos niveles de impunidad, el crimen organizado, violaciones de los derechos humanos, medio ambiente, transparencia, por ejemplo. Las organizaciones de la sociedad civil son las únicas que vienen reclamando, peleando y poniendo sobre la agenda pública estos temas. La solidez técnica de los reclamos en base a evidencias, datos, investigaciones y propuestas de estas organizaciones tienen más peso que los reclamos sin fundamento. Molestan las evidencias que desnudan de alguna forma una debilidad del Estado que se quiere esconder.
- Pero la confianza también en las Onegés se ha perdido bastante “por el manejo financiero de los recursos y la falta de resultados”, dicen...
- Claro. Por supuesto que hay una desconfianza, mucho por la campaña sistemática de desprestigio. Admitimos que pueda haber desconfianza por desconocimiento de la magnitud el trabajo que hacen nuestros técnicos que aportan con sus investigaciones y asistencia en temas muy complejos. Pero le doy ejemplos: Teletón es una organización de la sociedad civil. Acuérdese que hubo un Gobierno (el del dictador Alfredo Stroessner) que quiso hacer desaparecer Teletón. La organización A Todo Pulmón es una iniciativa de la sociedad civil. Humberto Rubín hizo el esfuerzo de movilizar a la gente a nivel nacional para reforestar el país. Acuérdese que los Bomberos Voluntarios son organizaciones de la sociedad civil. Hay un desconocimiento, a veces una confusión de la sociedad en cuanto a la naturaleza de las acciones que se vienen haciendo, temas que no son muy amigables de entender como ser el fortalecimiento del Estado de derecho y el sistema judicial... Sarakí por ejemplo es una organización que ha instalado la accesibilidad para personas con discapacidad motriz, Santa Lucía trabaja con la discapacidad visual...
- Se cuestiona también a organizaciones que pueden tener participación en desestabilización de gobiernos.
- Bueno, esa es la narrativa política de desprestigio dependiendo del gobierno que pretende descalificar el trabajo de la sociedad civil. En la época de la dictadura se descalificaba a las organizaciones que peleaban por los derechos humanos de los presos políticos. En la actualidad, la narrativa apunta a desprestigiar a las organizaciones que analizan y desnudan técnica y científicamente las conexiones de los mercados criminales de la droga, el tráfico de personas, la pornografía infantil, el abuso sexual en niños o los atentados contra el medio ambiente. Son grupos poderosos económicos y políticos que lanzan acusaciones según sea el tema que les molesta.
- ¿Por qué dicen que se resisten a transparentar la información de sus fuentes de financiamiento?
- Los fondos que recibimos son controlados por las normas de la cooperación internacional. Por ejemplo, los fondos que se reciben de la Unión Europea son fondos controlados desde Bruselas. Son mucho más exigentes que cualquier mecanismo de control local que se pretenda instalar. Es un tema que ni siquiera debería estar en discusión. Lo que tienen que hacer en todo caso es desmontar los modelos instalados desde la clase política para distraer dinero del Estado a través de grupos fantasma que se disfrazan de civiles.
- Finalmente, esta ley ¿debe ser mejorada, reformulada, archivada?
- Esa ley debe ser rechazada. Si la clase política quiere realmente generar un debate serio, que llame a una mesa de trabajo que nos lleve a una sola ley que apunte al fortalecimiento y no al debilitamiento y desaparición de las organizaciones de la sociedad civil como pretende este proyecto de Bachi Núñez.