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Varios de los conocidos como “ocupantes vip” de la fracción de 131 hectáreas de la Finca 916 zona de “Jardines de Remansito” rompieron el silencio y decidieron dar su versión sobre el tema. Afirman que cuentan con muchos documentos del Instituto Nacional de Bienestar Rural y de la Tierra (Indert), del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) como también de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre trámites realizados para el cumplimiento de los decretos de 2002 y 2020, por los cuales se desafectan esas tierras.
Mariana Martínez, José Alfredo Vinader y Valentina Vinader, tres de los sindicados como residentes de la porción de la tierra del Estado, llegaron a nuestra redacción para relatar su ingreso a la fracción en disputa.
Martínez, quien se presentó como una de las primeras ocupantes de esa zona, expresó que el conflicto por la finca 916 data del 26 de setiembre de 2001. Dijo que luego de meses de lucha la Asociación Chaqueña de Comunidades Sin Tierra (Achacosti) consiguió a través de un decreto presidencial del 2002 la transferencia de 189 hectáreas del MDN a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y luego al Indert.
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Martínez afirmó que tras ese decreto ingresaron a la tierra y comenzaron un trabajo que en todo momento tuvo el acompañamiento del Indert y el MDN. Afirmó que inicialmente eran unas 76 familias las que se ubicaron en diferentes sectores del inmueble.
Aseguró que un grupo se instaló en la parte alta, mientras que el área que actualmente está en el centro del escándalo no pudo ser ocupada porque era fea e inhabitable.
Ministerio de Defensa: apoyo de la comisión
José y Valentina Vinader, por su lado, relataron que entraron a la propiedad allá por 2015 con el apoyo de la comisión de Achacosti y la Municipalidad de Villa Hayes. Comentaron que los terrenos ubicados a la ribera del río Paraguay se inundaban con la primera riada. Muchos entraban y salían porque las inundaciones eran periódicas, expresó José Vinader.
Indicó que luego de una inundación grande uno de los terreno quedó libre. Fue cuando ingresaron con el apoyo de la comisión y sin pagar un solo guaraní, según afirmó.
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Vinader comentó que una vez que llegaron al sitio comenzaron a trabajar en el mejoramiento con la apertura de caminos e instalación de servicios de energía eléctrica y agua potable. Dijo que igualmente una vez promulgada la ordenanza municipal por la cual se incluía a “Jardines de Remansito” al ejido urbano ellos gestionaron en la comuna adjudicación a título definitivo.
Por ese trámite pagaron G. 98 millones, confirmó. Añadió que cuando se presentó la propiedad para su inscripción en el Servicio Nacional de Catastro se encontró que había una superposición y el lote estaba aún a nombre de Defensa.
“Irresponsable y con mala intención”
José Alfredo Vinader afirmó que cuando tomaron conocimiento de la situación del inmueble comenzaron a realizar varios trámites con apoyo de la misma Procuraduría General de la República para concretar la transferencia al Indert. Dijo que una vez a cargo del ente agrario esa propiedad debe pasar en forma automática a manos de la Municipalidad para así luego él obtener su título definitivo tal como se le adjudicó en 2015.
Sin embargo, ese traspaso no se concreta pese a que ya se hicieron el 99,9% de los trámites, afirmó.
Relató que ante esa situación y porque ya existían otros interesados sobre esa fracción, la alternativa que tenían los ocupantes era concretar esa transferencia mediante una ley, que fue presentada por los entonces diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez y Edwin Reimer.
Según Vinader el caso lastimosamente se “mediatizó”. Sumada a la acción -según calificó- irresponsable y de la mala intención del actual procurador Marco Aurelio González.
El ocupante dijo que el funcionario asumió una postura de “échenles, demuelan todo y le damos al mejor postor” sin importar los trámites previos que realizó la misma Procuraduría y el Indert.
Vinader afirmó que no se siente estafado por la comuna pese a que dice que ya pagó G. 98 millones por el terreno ahora en disputa con el Estado.
Los ocupantes no descartan que personas poderosas y con otros intereses estén detrás de esa fracción para explotarla inmobiliariamente. No quisieron dar nombres.