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La Cámara de Diputados logró la mayoría requerida para ratificarse en su versión -que era el mal menor- sobre propuestas de modificaciones a la Ley Nº 7089/2023, “que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, y evitó la sanción de la nefasta versión Senado, que en la práctica volvería inútil la citada ley, favoreciendo la impunidad y que imposibilita el castigo a prácticas irregulares, así como también eliminaría el control a familiares ante posibles negociados a costa del Estado y permite la práctica conocida como “puertas giratorias”.
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Los 60 diputados presentes al momento de la votación ratificaron la versión de la Cámara de Diputados, que plantea modificar apenas dos artículos de la ley vigente, a diferencia de la versión Senado, que bastardeó 18 artículos y deroga totalmente otros 4, estos últimos vinculados a casos de “puertas giratorias”.
“Estas modificaciones y derogaciones de la Cámara de Senadores desvirtúan y restan eficacia a la Ley de conflicto de intereses en la Función Pública, que busca transparencia y avanzar en la lucha contra la corrupción”, sostuvo el presidente de la comisión de Legislación, diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA, A), que argumentó el dictamen a favor de la ratificación de la versión Diputados.
Destacó que esta Cámara Baja solo redujo el grupo familiar afectado por la ley, mientras que el Senado arrasó con otros varios aspectos fundamentales.
El Senado “elimina todo lo que se refiere al grupo familiar, así como las oenegés y elimina también la prohibición que tiene el funcionario público de pasar al sector privado con las informaciones confidenciales que ha manejado en la función pública (casos también conocidos como puertas giratorias)”, resumió el diputado liberal sobre los cambios pretendidos con el Senado.
Otro que describió elocuentemente lo perpetrado en el Senado fue el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Roberto González (ANR, FR), que refirió que “el Senado se encargó de licuar definitivamente este proyecto” y que dicha versión sería en la práctica “como sepultar esta ley”.
“Si nos decantamos por la versión Senado significaría desnaturalizar prácticamente, podar, peluquear en lo absoluto esta ley, entonces ya no tendría razón de ser su vigencia”, comentó González, que también planteó apoyar la versión Diputados.
En el caso de que se mantenga firme la versión Diputados, se acotaría el grupo familiar alcanzado por la obligación de declarar vínculos de potencial conflicto de interés.
Se mantiene la obligación de declarar vínculos con el cónyuge, conviviente o concubino, hijos mayores de edad, pero se elimina la parte relacionada a parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad (padres, hermanos, primos, cuñados, etc.), esto con el fin de evaluar si alguna decisión que tome un funcionario no busque beneficios a través de sí o de terceros.
El gobierno de las “puertas giratorias”
El diputado Raúl Benítez (Partido Encuentro Nacional) puso la lupa sobre el gobierno de Santiago Peña, por el hecho de que desde él hasta varios de sus ministros son casos de “puertas giratorias” y el intentar eliminar las sanciones implicaría un beneficio propio.
Benítez mencionó que “no es una casualidad” que en Senado intenten eliminar las sanciones debido al hecho que “tenemos demasiados ejemplos (de puertas giratorias) o que estuvimos viendo en los últimos años y que vivimos en este gobierno, que son los casos de Eddie Jara, (Carlos) Fernández Valdovinos, de (Ramón) Jiménez Gaona y también lo que fue Santiago Peña”.
“Tenemos personas que se aprovechan de los cargos públicos para debilitar al sector público y de esa manera fortalecer su negocio privado”, acusó. Recordó además que varios de estos rotaron entre el gobierno y las empresas privadas del expresidente Horacio Cartes.
Otra “pelota tatá” para Santi
Con la ratificación de Diputados, el proyecto vuelve al Senado para su último trámite legislativo, donde requerirán de mayoría absoluta (23 votos) para ratificarse e imponer su versión. De no lograrlo, quedará sancionada la propuesta de la Cámara Baja.
En el caso de que eventualmente el Senado se ratifique en sus reformas, será otra “trampa” para el presidente Santiago Peña, ya que deberá optar entre el veto o promulgar una modificación de la Ley de conflicto de intereses que lo favorezca directamente a él y a sus ministros.