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El próximo miércoles 18 de octubre tendrá sanción automática el proyecto de ley con media sanción de Diputados que compensa a los estibadores marítimos afectados por el cierre del Puerto de Asunción, que fue presentado en el periodo pasado, en plena campaña proselitista, por el entonces diputado Basilio “Bachi” Núñez, hoy senador y el actual diputado Rodrigo Blanco (PLRA), además de los exdiputados del cartismo Justo Zacarías Irún, Néstor Ferrer, y Blanca Vargas de Caballero.
Llamativamente el proyecto de ley, que tuvo entrada el 20 de julio, ya con la nueva legislatura, hasta ahora no cuenta con dictamen de ninguna de las comisiones a las que fue girado el proyecto, pese a que en 10 días más vencerá la normativa.
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Tienen en carpeta las comisiones: La comisión de Legislación, presidida por Derlis Maidana (ANR, HC); Hacienda y Presupuesto, a cargo de Derlis Osorio (ANR, aliado) y Cuentas y Control controlada por Dionisio Amarilla (PLRA, aliado).
Irregularidad en la normativa
El proyecto de ley no cuenta con un censo de beneficiarios que serán indemnizados. De ser sancionada la normativa causará un perjuicio a las arcas públicas.
Únicamente se establece el total a ser cobrado por cada indemnizado, que es el equivalente de 20 salarios mínimos, que a falta del ajuste esperado, es entre G. 2.550.307 y G. 2.680.000. Esto indicaría que cada persona podría reclamar cuando menos G. 51.006.140, que Hacienda deberá desembolsar.
Lo que propone el proyecto
La normativa establece que los beneficiarios serán todos aquellos trabajadores que prestaron servicios de estibas y desestibas en el Puerto de Asunción, identificados como Estibadores Marítimos, debiendo demostrar esa condición por medio de las documentaciones habilitantes expedidas por las autoridades competentes.
También legislan la reglamentación y proponen que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo de 120 días a partir de su promulgación.
Maniobra cartista
El miércoles 27 de septiembre pasado, el senador Núñez y sus aliados maniobraron para dejar sin quórum la sesión ordinaria y provocar la sanción automática de un despojo de tierras de 131 hectáreas del Ministerio de Defensa para “ocupantes vip”.