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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, presentó ayer la denuncia ante su propia institución y asignó fiscal posteriormente al frente de la causa penal abierta contra la extitular del Ministerio Público Sandra Quiñónez (2018-2023), por la presunta lesión de confianza.
Rolón Fernández designó a la fiscala Marlene González de Ovelar, de la Unidad Nº 10 Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). La denuncia alude a la constatación de una obra inconclusa de las oficinas de la Fiscalía Regional de Caazapá.
La fiscala Marlene González es esposa del exjuez penal de Sentencia Elio Rubén Ovelar y madre de Marcelo Rubén Ovelar González, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones, acusado por el caso “tapabocas de oro” en la Dinac.
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Lo que dice la denuncia contra Sandra Quiñónez
De acuerdo con el escrito de denuncia presentado por Rolón, el hecho se inicia con el contrato Nº 111/2015 entre el Ministerio Público y el Consorcio MyG, referente a la Licitación Pública Nacional Nº 17/2015 “Construcción de la sede para la Fiscalía Regional de Caazapá”. (la obra costó G. 20.000 millones).
Con relación a dicho contrato, la firma “Royal Seguros SA” (ligada al cartismo) emitió las pólizas de fiel cumplimiento y anticipo de obra, cuyo total arrojaba G. 2.735.952.145.
Ante el incumplimiento contractual del “Consorcio MyG” (a cargo del arquitecto Julio Mendoza Yampey), el 28 de noviembre de 2018, la entonces fiscala general Sandra Quiñónez resolvió rescindir el contrato. Así, el 6 de diciembre de 2018 se le comunicó a la aseguradora que la constructora incumplió la intimación de pago hecha el 29 de noviembre del 2018, por lo que se configuró el siniestro estatuido en la garantía y consecuentemente se debía pagar el monto asegurado.
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“Si bien el contrato y el inicio de las obras se dieron en periodo del entonces fiscal general Javier Díaz Verón (procesado), se detectaron ciertas conductas omisivas durante la gestión de Sandra Quiñónez al frente del Ministerio Público, y estas a su vez provocaron el perjuicio patrimonial a la institución que estaría dado en la falta de reclamo judicial para el cobro de la póliza”, según se expresa en la denuncia.
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